Más de 9.300 canarios esperan un informe para cobrar la dependencia

SÓLO EL 22,4% DE LOS DEPENDIENTES ya disfruta la prestación./ el día

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

Los datos oficiales sobre la aplicación de la Ley de dependencia en las comunidades autónomas con los que trabaja el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) no dejan lugar a la duda, en Canarias existe un gran atasco en el procedimiento burocrático necesario para conseguir ser beneficiario de alguna de las prestaciones o servicios que contempla la ley. Así, de las 21.415 solicitudes registradas por la Consejería de Bienestar del Gobierno de Canarias desde que entrara en vigor la ley, 17.159 ya han sido valoradas, dando lugar al reconocimiento de 12.054 beneficiarios con derecho a prestación.

Sin embargo, sólo 2.708 disfrutan ya de la ayuda para la autonomía y atención de la dependencia que les corresponde, ya que el resto (9.346) está a la espera de que o bien los trabajadores sociales de la propia Dirección General de Servicios Sociales, o bien los municipales, o incluso los del turno creado por el Colegio de Trabajadores Sociales, elaboren y presenten el Plan Individual de Acción (PIA).

Este informe, preceptivo para obtener cualquier tipo de prestación, no es demasiado complejo, si bien el volumen de trabajo que actualmente soporta el colectivo de los trabajadores sociales como consecuencia del aumento de solicitudes de ayudas sociales de toda clase hace prácticamente imposible que puedan atender también esta demanda.

Así, los solicitantes de ayudas esperan meses (hay cálculos que apuntan hasta 15 meses de retraso) hasta que finalmente los trabajadores sociales les visitan, estudian su caso y hacen el informe social final, y otro tanto hasta que finalmente les viene concedida la prestación o el servicio.

Así las cosas, sólo el 22,4% del total de personas que tienen reconocido el derecho a la ayuda, ya la disfrutan, por lo que el 77,6% sigue sin ella.

El problema de este "atasco" burocrático ya ha sido reconocido por el propio Gobierno de Canarias, que mantiene negociaciones con el Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para definir un convenio que permita acabar con este estancamiento; sin embargo, ello supondría necesariamente un refuerzo económico, tanto para los ayuntamientos como para el propio colegio, para favorecer la contratación de profesionales.

Este nuevo convenio se hace necesario, puesto que aunque ya existe uno en vigor con el Colegio de Trabajadores Sociales por el cual se les paga 100 euros a cada colegiado que realice el informe del PIA, es a todas luces insuficiente y necesita ser mejorado.

Aún así, la consejería parece dispuesta a sufragar ese gasto y desbloquear así las ayudas, que colocan al Archipiélago en la cola de número de beneficiarios.

Y es que Canarias es la penúltima comunidad autónoma en número de dictámenes (14.163) en relación a su población (2.075.968), la última es Madrid con 6.271.638 habitantes y 41.470 dictámenes) y la quinta por la cola en número de solicitudes registradas (21.415).

Mala implantación

Precisamente, el pasado jueves, el Diputado del Común insistía de nuevo ante el Parlamento de Canarias, durante la presentación de su informe anual, en la mala aplicación que se está haciendo en el Archipiélago de la Ley de Dependencia.

En este sentido, Manuel Alcaide recordó que "existe una falta de integración jurídica entre la red de servicios sociales y los servicios para las personas dependientes. Se están superponiendo los sistemas nacional y canario, cuando tendrían que integrarse".

En este punto, apostó por que se elabore un reglamento destinado a recoger de qué manera debe hacerse esa integración, puesto que, a su juicio, "se hace necesaria la elaboración de una norma específica al respecto que termine con esta superposición de sistemas". Además, recordó que la institución que preside está llevando a cabo una investigación destinada a aclarar cuál el estado real de la aplicación de la ley en las Islas.