Un gesto necesario

EL PASADO JUEVES tuve el placer y honor de debatir con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, sobre la situación actual de la crisis en relación a los dos ayuntamientos capitalinos. El foro, un ciclo de la Fundación Pedro García Cabrera, y la sala, el salón de actos de la Cámara de Comercio de Santa Cruz, congregó a un numeroso y participativo público que, más allá de escuchar a Jerónimo -uno de los políticos más brillantes de la historia reciente de Canarias- y al que suscribe, nos preguntó sobre diversos asuntos que demostraron tanto la importancia de este tipo de encuentros, como que es más lo que une a las dos ciudades que lo que las separa. Problemas comunes que no encuentran soluciones sencillas y que a pie de calle pueden pasar desapercibidas.

En una de las intervenciones de los asistentes, se nos reprochó la tremenda tardanza que está sufriendo la aplicación de los ordenamientos urbanísticos tanto de Santa Cruz como de Las Palmas de Gran Canaria, Telde y La Laguna, las cuatro grandes ciudades del Archipiélago. Argumento al que tan sólo pudimos darle la razón y una cuestión sobre la que el propio Jerónimo Saavedra ya se había expresado en su exposición inicial, destacando también la enorme maraña legal que acogota a los ayuntamientos a la hora de tramitar expedientes o sacar adelante proyectos relevantes para el municipio. Es más, el proponente de esta cuestión nos invitó, incluso, a dar un "puñetazo sobre la mesa", para dar salida a ese nudo "gordiando" que supone en estos momentos el ordenamiento jurídico en torno al desarrollo urbanístico. Posteriormente, se nos inquirió sobre la posibilidad de que los dos ayuntamientos trabajasen en alguna iniciativa en común para afrontar la crisis económica y, claro, surgió, en principio, la casi única posibilidad de la solidaridad y la búsqueda de proyectos propios ante el evidente obstáculo de la insularidad. Sin embargo, al hilo de lo que se había discutido hasta entonces lancé al auditorio la idea de que los cuatro grandes municipios de las islas celebrarán un pleno conjunto para, como nos requirió alguien de la sala, dar un golpe sobre la mesa y plantear desde los ayuntamientos nuestros problemas comunes y, por qué no, las posibles soluciones.

No es una iniciativa sencilla. Sentar en un mismo espacio a las corporaciones de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Telde, se antoja como algo complejo en una tierra en la que el consenso y la unidad son términos muy alejados de la política actual. Sería importantísimo e histórico -y da igual el lugar de celebración y la presidencia, espero- que, ahora, precisamente ahora, cuando la ciudadanía solicita a la clase política que aporte soluciones que, por primera vez, las cuatro grandes corporaciones que tienen encomendada la administración de cientos de miles de vecinos, fueran lo suficientemente sensatas para en un acto público dar respuestas a muchas interrogantes de los ciudadanos.

Aventurándome aún más a la propuesta en sí, me atrevería a establecer tres o cuatro cuestiones como base para ese hipotético gran pleno. Uno de ellos sería la impresentable cuestión de que un municipio necesita años para la tramitación de un Plan General de Ordenación Urbana. No es esta una cuestión política de intenciones o de estar más o menos de acuerdo con el proyecto de ciudad que se plantea en esos textos. Va más allá. Un plan general marca el desarrollo económico de una ciudad y en la actualidad, a la tardanza de la resolución de los nuevos planeamientos, se une la paralización de los existentes, con lo que aquel emprendedor que desee invertir en las capitales canarias se encuentra, no con la pesadilla propia de las trabas administrativas ordinarias, sino con el terror que supone la indefinición temporal de cuándo va a poder iniciar su actividad industrial o comercial. La maraña legal es de tal calibre y los procedimientos reglados son tan diversos y, en muchos casos, dispersos, que el tiempo transcurre sin que se vea la luz en el túnel. Sería bueno que los cuatro grandes municipios plantearan esta cuestión como prioritaria e invitaran, incluso, exigieran, que desde el Gobierno regional se tomaran como prioritario el desbloqueo de esos proyectos.

En gran medida, la segunda propuesta de orden del día está vinculada con la primera y es que las administraciones locales soportan en estos momentos el lento andar de un edificio burocrático de tal calibre que aquello que podría resolverse en semanas tarda meses, incluso años. En Santa Cruz hemos tenido que declarar la situación de emergencia social entre otras cosas para saltarnos esa red burocrática a la hora de conceder las ayudas básicas o poner en marcha cualquier iniciativa para los más necesitados. No es de recibo que para dar a un ciudadano una ayuda o subvención la administración tarde meses en resolver el expediente. Y en contra de lo que muchos lanzan, no es por negligencia política o dejadez del cuerpo de funcionarios. En demasiadas ocasiones sucede por la exigencia de los órganos fiscalizadores y de control. Fue Saavedra quien citó el viernes varios casos ilustrativos y no sin cierta sorna llegó a señalar que "el problema es que nadie se fía de nadie". Es así: "La fiscalización de la fiscalización de quien controla al que solicita un servicio tiene a su vez que justificar ante otro que fiscaliza si lo que ha sido concedido o no ha sido bien fiscalizado por el que antes controló lo que..." y así, hasta formar un galimatías absurdo. Hay que poner remedio a eso. Tampoco es asunto baladí porque las administraciones tienden, cada vez más, a super reglamentarse, no para ser más resolutivas ante los ciudadanos, sino más ineficaces para el vecino que sólo quiere que se le atienda en tiempo y forma.

Evidentemente, un pleno de las características planteadas daría para mucho más, como el tratamiento de la crisis actual o la perspectiva de los municipios implicados sobre el modelo económico para el futuro de Canarias. En algunas de estas cuestiones tan sólo el debate sería enriquecedor. Charlábamos, antes y después del encuentro del jueves, Saavedra, José Luis Rivero -moderador e impulsor del debate- y yo mismo sobre la relevancia y, a la vez, escasez de reuniones como la citada. Porque, seamos honestos, la idea de un macro pleno municipal conjunto de Santa Cruz, Las Palmas, Telde y La Laguna significa para muchos políticos que entienden la política como arma arrojadiza, un ring ideal para sus chuflas, ataques e insolencia. Seguro. Uno, por suerte, aún tiene la posibilidad de trabajar en el campo de las ideas y de intentar llevarlas a cabo. Por lo pronto, puedo aseverar con rotundidad que de un diálogo abierto a la ciudadanía entre los dos alcaldes de las dos capitales de Canarias sólo he podido sacar conclusiones positivas. Espero que en breve podamos llevar a buen puerto, sin el sambenito de los colores políticos, alguna de las ideas sugeridas.

* Alcalde de Santa Cruz de Tenerife y diputado en el Parlamento de Canarias