"Las jaulas", así es como denominan los trabajadores del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife a las pequeñas habitaciones enrejadas que ocupan parte del sótano del edificio y en donde se guardan las piezas de convicción, es decir, las pruebas judiciales.

Se trata de habitáculos en los que se llevan guardando todo tipo de objetos desde los años 80 y a los que ya apenas les queda un espacio libre.

"Cuando se inauguró el nuevo Palacio de Justicia me acuerdo de que incluso se trajeron pruebas que estaban en la sede de San Francisco, así que aquí se están acumulando todo tipo de objetos como mínimo desde los años 80", explica un agente judicial antes de señalar que cada juzgado ordena las pruebas como le parece, de manera que "a veces cambia el agente judicial y el que llega nuevo no encuentra nada".

En concreto, los objetos que se conservan pertenecen a los juzgados de Instrucción y a los penales, así como a la Audiencia Provincial.

"Hay jaulas a las que ya no les cabe nada más allí dentro y están empezando a ocupar el espacio que hay cercano a las cajas fuertes", explica otro funcionario que recuerda que si no se hace pronto "una buena limpia" serán más juzgados los que se encuentren en la misma situación "y entonces veremos lo que sucede".

En "las jaulas" hay mal olor. "Nos dijeron que había un problema de gases", explica un trabajador, mientras que desde los sindicatos, el portavoz de UGT, Gregorio Pérez, explica que "sabemos que entre los propios compañeros se suelen avisar de que bajan a las jaulas para que no pasen mucho tiempo allí abajo solos".

Por si fuera poco, la suciedad es notable. "Aquí hay arañas, cucarachas y ratones", dice con cara de asustada una trabajadora de un juzgado de lo penal que asegura que "cuando me dicen que tengo que bajar aquí, me pongo enferma sólo de pensarlo. Es que esto no cumple con ninguna garantía sanitaria y desde luego no forma parte de nuestro trabajo".

Sin pronta solución

Los responsables de esta situación son los secretarios judiciales, puesto que a ellos les corresponde la tarea de comprobar que los procedimientos ya han terminado y están archivados para ordenar la destrucción de las pruebas, y también la Fiscalía, que debe dar el visto bueno al expurgo.

"El problema es que ellos deberían bajar al depósito con los agentes judiciales e ir localizando cada pieza de convicción y decretando su destrucción, pero dicen que no tienen tiempo. Ni siquiera bajan cuando hay que sacar alguna prueba de las cajas fuertes, y eso que son ellos los que tienen una de las llaves, pero nos las dan y punto", insiste una agente judicial.

Las pruebas que se guardan en caja fuerte son las que menos problemas generan puesto que hay obligación de enviarlas a la Mesa de Coordinación de Madrid para que se subasten o son devueltas a las personas que demuestran ser sus propietarios. Se trata fundamentalmente de objetos de gran valor y joyas.

Así las cosas, hasta que los secretarios judiciales no tengan tiempo para solucionar la situación, las pruebas seguirán apilándose junto a cartones con veneno para ratones y acumulando polvo.