Santiago de Compostela, EFE La asociación "Nunca Máis" ha advertido hoy "visos de nulidad" en la providencia dictada por la jueza que instruye el caso "Prestige", en la que declara concluso el trámite para formar las acusaciones.
El abogado de "Nunca Máis", Pedro Trepat, ha señalado a EFE que la jueza "está cometiendo disparates últimamente", aunque reconoció que "es prematuro" pronunciarse sobre el caso.
"En el plazo para formar la acusación hay dos opciones", explicó, "formular la acusación o bien solicitar la práctica de una serie de diligencias complementarias imprescindibles para poder formular la acusación".
Esta última alternativa es la que han utilizado algunas de las acusaciones particulares personadas en el caso, entre las que se incluye, además de "Nunca Máis", el Gobierno francés o la propia fiscalía.
No obstante, la última providencia dictada por la jueza Carmen Veiras declaró ya caducado el plazo para formar acusación, aunque "no está claro si ese plazo lo declara caduco también para nosotros, a pesar de que no resolvió sobre nuestra solicitud de diligencias complementarias", afirmó Trepat.
Si la jueza deniega estas diligencias, entre las que se incluye documentaciones pericial y los autos originales del gobierno francés, "podría surgir la posible nulidad", aseguró el letrado.
Asimismo, destacó que esta documentación es "curiosamente" la misma que pide también el fiscal, al cual la jueza no puede denegar estas diligencias complementarias, por lo que se podría producir "el absurdo" de que la jueza deniegue a las acusaciones particulares las mismas diligencias que debe conceder a la fiscalía.
"La jueza ha dictado una providencia declarando concluso el trámite para formar la acusación, pero entiendo que se refiere únicamente a aquellos que formularon escritos de acusación", dijo Trepat.
En caso de que la jueza no resuelva sobre estas diligencias complementarias y no conceda un plazo adicional para las acusaciones particulares que optaron por esta vía, se podría declarar "la nulidad" del proceso, lo que obligaría a retrotraer las actuaciones judiciales hasta el momento en el que se declara la nulidad.
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