Tres años de cárcel para Navarro por falsear las identificaciones del "Yak-42"

LOS PADRES de una de las víctimas del accidente del avión militar se abrazan por fuera de la Audiencia Nacional./ efe

EFE, Madrid

La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a tres años de cárcel al general Vicente Navarro por falsear de forma consciente la identificación de 30 de los 62 cadáveres de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 el 26 de mayo de 2003. El tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, condenó también a 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez, como responsables, al igual que Navarro, de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionarios públicos, pero en calidad de cómplices.

La sentencia considera probado que 30 de los 62 cadáveres "presentaban tal estado" que no eran identificables de forma visual y Navarro sin realizar "análisis complementario" y "a pesar de ser consciente de que era imposible identificar con tales datos todos los cuerpos" elaboró una lista que "aparentaba que todos ellos habían sido identificados cuando lo cierto es que las identidades habían sido asignadas de forma aleatoria en treinta casos".

Así, según la sentencia, Navarro "era consciente" de que no tenía identificados 30 cuerpos y, no obstante, "decidió falsear la verdad con lesión del bien jurídico protegido". El tribunal llega así a la convicción de que el general "actuó con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad al emitir los documentos con identificaciones aleatoriamente asignadas; es decir, actuó dolosamente".

"Dulcificar las lesiones"

Los tres condenados, explica la sentencia, "a sugerencia de Navarro con la excusa de dulcificar la descripción de las lesiones, omitieron conscientemente aquellas que podían fácilmente despertar recelos o dudas sobre el proceso de identificación".

Esta falsedad en las identificaciones provocó que las familias de esos militares erróneamente identificados procedieran en algún caso a su incineración pensando que se trataba de su familiar para luego constatar que no era así.

Para el tribunal tampoco es verosímil que dos generales del Ejército (Navarro y José Antonio Beltrán -que fue imputado en esta causa, pero finalmente no fue procesado-) "firmaran un documento en el extranjero responsabilizándose de la repatriación en condiciones irregulares de 62 cadáveres sin conocer el contenido de lo que estaban firmando" a pesar de trabajar con "un buen intérprete".

Los magistrados descartan no obstante la continuidad delictiva en la falsificación, tal y como planteaban las acusaciones, al entender que se trata de "una sola decisión delictiva, una sola voluntad criminal".

En el juicio, Navarro asumió la responsabilidad en lo que llamó "los errores en la identificación de cadáveres" y explicó que él fue quien elaboró la lista, por lo que al tribunal no le consta que Ramírez y Sáez "intervinieran en la confección" del listado

Por ello, Ramírez y Sáez son autores de un delito en grado de complicidad o auxilio no necesario "porque el delito se podría haber realizado sin la colaboración de ellos". Además, la Audiencia Nacional condenó a Navarro al pago de una indemnización de 10.000 euros por cada uno de los 30 militares erróneamente identificados.