El escándalo de los diputados británicos acaba con el presidente de los Comunes

MICHAEL MARTIN, presidente de la Cámara de los Comunes./ efe

EFE, Londres

Por primera vez en más de 300 años, el presidente de la Cámara de los Comunes presentó ayer la dimisión, acorralado por el escándalo del abuso del gasto parlamentario que ha desprestigiado a la clase política del Reino Unido. En una declaración de emergencia ante la Cámara Baja, el "speaker" (como se conoce al presidente de los Comunes), Michael Martin, precisó que la dimisión será efectiva este 21 de junio.

Martin, máxima autoridad del Parlamento británico, conocido como la "Madre de todos los Parlamentos", se convirtió en la víctima de mayor rango en sucumbir al escándalo, que salpica a todos los partidos y ha enfurecido sobremanera a los ciudadanos.

"Desde que entré en esta cámara hace treinta años, siempre he creído que la cámara alcanza su punto más alto cuando está unida", afirmó Martin, del gobernante Partido Laborista, en un mensaje que duró menos de un minuto.

"Con el fin de mantener la unidad (de la Cámara), he decidido renunciar al puesto de speaker el domingo 21 de junio", zanjó el presidente, sin aceptar preguntas sobre su decisión en una abarrotada Cámara de los Comunes.

"Es todo lo que tengo que decir sobre este asunto", indicó el dimisionario, que adelantó que el nuevo "speaker" será elegido el 22 de junio, antes de gritar -como es tradicional- "¡orden, orden!" para moderar el orden del día.

La jornada en el Parlamento de Westminster resultó histórica y tuvo ecos de revolución, pues ningún presidente de los Comunes había abandonado el cargo a la fuerza desde 1695, cuando John Trevor se vio obligado a renunciar por aceptar un soborno de mil guineas.

Ex trabajador del metal y antiguo sindicalista, Martin, de 63 años, también anunció que el 21 de junio dimitirá como diputado de su circunscripción de Glasgow (Escocia), lo que desencadenará una elección parcial en un feudo tradicionalmente laborista.

Como dijo ayer el responsable de la sección de política de la ca-dena pública BBC, Nick Robinson, "la autoridad de Michael Martin finalmente murió ayer", cuando se disculpó en la Cámara por su cuestionada gestión del escándalo de los diputados, aunque una serie de parlamentarios lo desafió abiertamente a que dejara el puesto.

Un total de 23 diputados firmaron una moción de censura contra su persona, órdago que representa toda una humillación para el "speaker", una figura siempre consensuada entre los principales partidos y, hasta ahora, casi intocable. Los detractores de Martin lo acusan de contribuir a la crisis con su falta de liderazgo por oponerse a una mayor transparencia del polémico sistema de dietas, mientras sus defensores le consideran un chivo expiatorio cuando son muchos los culpables.

El primer ministro británico, Gordon Brown, que había apoyado al "speaker" hace poco, se ha limitado en los últimos días a declarar que su futuro era asunto del Parlamento y no del Gobierno.

Reforma de los gastos

En una rueda de prensa, Brown subrayó ayer que la Cámara de los Comunes no puede seguir operando como un "club de caballeros" y abogó por una reforma del sistema de gastos que pase "de la autorregulación a la regulación independiente externa".

Además, Brown, cuyo partido anda por los suelos en las encuestas, aseguró que los diputados laboristas que hayan infringido las normas no podrán presentarse a las generales, previstas para junio de 2010 como muy tarde.

Por su parte, el líder de la oposición conservadora, David Cameron, evitó pedir expresamente la dimisión de Martin, pero no dudó en reclamar un adelanto de elecciones generales para "limpiar" el Parlamento. El único líder en exigir su dimisión fue el liberal-demócrata Nick Clegg, que hizo trizas una convención de Westminster que dicta que los jefes de los partidos no critican al "speaker".

Los derroches de "sus señorías" fueron destapados el 8 de mayo por el diario conservador The Daily Telegraph, que desde entonces publica diariamente revelaciones so-bre gastos indebidos de diputados a cargo del erario.

Scotland Yard informó de que no investigará quién filtró al periódico la explosiva información, al argumentar que "la defensa del interés público probablemente constituiría un importante obstáculo" para poner en marcha un proceso criminal.