Asinca exige que se haga valer el nuevo marco legal para liberar suelo industrial

IMAGEN DE UNA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ASINCA Y PAULINO RIVERO, presidente autonómico./ el día

JOSUÉ GARCÍA, S/C de Tfe.

Los industriales canarios reclaman celeridad al Gobierno autónomo en sacar partido a la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial, que entró en vigor el pasado día 12. El presidente de la patronal Asinca en la provincia tinerfeña, Ramón Villalba, señaló ayer a EL DÍA que los empresarios del ramo tienen "la esperanza de que de verdad se haga uso de la ley de inmediato", lo que permitirá sacar al mercado suelo industrial a precios "razonables", terminar con la especulación y favorecer la instalación de actividades productivas.

"En otro momento la cosa podría tomarse de forma más relajada, pero en el actual, con la crisis que atravesamos, es un instrumento del que hay que hacer un uso inmediato", insistió Villalba, quien destacó el compromiso verbal que mostró al respecto el jefe del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, en la reunión que mantuvo la junta directiva de Asinca el mismo día en que el Boletín Oficial de Canarias publicó la citada ley.

Esta norma, resumió el titular provincial de Asinca, abre la puerta a la "autorregulación" del mercado. "Va a poner el valor del suelo en su sitio y a permitir que si hay terreno de promoción pública, el organismo competente lo haga llegar a quien lo necesita realmente, sin que se metan en medio figuras especulativas que lo que hacen es encarecerlo, pero no implantar actividades".

Hay que recordar que Rivero hizo públicas sus intenciones de poner en el mercado 11 millones de metros cuadrados de suelo industrial en noviembre de 2007. La iniciativa está directamente relacionada con la aspiración del Gobierno de dar más protagonismo al sector en el modelo económico del Archipiélago, aumentando su participación en el Producto Interior Bruto (PIB) regional.

Ello no será posible, objetó el representante de la Asociación Industrial de Canarias, si antes la Administración no hace "su tarea". "Si ya tienen un instrumento adecuado, que se pongan las pilas y empiecen a trabajar en habilitar suelo", agregó, aunque reconoció que todo proceso que requiera gestión urbanística "no es de hoy para mañana. Necesita su tiempo".

Es precisamente la ordenación urbanística, aparte de la especulación, lo que frena la utilización de buena parte del suelo ya clasificado en las Islas. En el polígono de Granadilla, por ejemplo, que cuenta con seis millones de metros cuadrados, más de la mitad está paralizado "por diferentes problemas de planeamiento". No obstante, puntualizó que los 11 millones de metros cuadrados que están en el punto de mira del Gobierno "no están todos bloqueados, aunque sí una parte muy significativa".

Además, la Ley de Medidas Urgentes va a permitir que los cabildos y ayuntamientos clasifiquen nuevo suelo industrial -también para uso del sector primario-. Villalba aboga por que los municipios habiliten "pequeños polígonos" en los que "se facilite el desarrollo de iniciativas de la gente que de verdad quiere emprender y se ubiquen adecuadamente otras que no están en los emplazamientos adecuados".