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TACHI IZQUIERDO, Tenerife
El presupuesto del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz, que se eleva este año a algo más de 12,7 millones, refleja dos apartados para Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS), que representan unos 500.000 euros.
En dicha planificación, que se podrá ver modificada a raíz del decreto de emergencia social de la ciudad, mediante la asignación de partidas de otras áreas, las cantidades más significativas son las del Servicio de Atención Domiciliaria, con 4,2 millones, así como Personal, con algo más de 3 millones.
El concejal del área, Ignacio González, afronta un ejercicio donde el presupuesto "se ha incrementado un 5%", y donde "hay cuatro millones para atención domiciliaria que se restan de nuestras cuantas cuando los debería asumir el Estado y las comunidades autónomas conforme a la Ley de Dependencia".
Dijo, no obstante, que la cantidad para prestaciones básicas, que abarcan aspectos como la alimentación, vestidos, higiene, pañales, así como el agua y la luz, "será de un millón de euros", que podrán variar "porque la demanda se está disparando", hasta un 20% más en este cuatrimestre, respecto al mismo periodo de 2008. Por ello, comentó que "se ha dado orden a Hacienda para que priorice el plan de pagos", así como que "aminore las partidas de los gastos no comprometidos para dotar a los Servicios Sociales de lo que se necesite".
Este año, el apartado de gastos refleja unos 400.000 euros para el suministro de diferentes materiales y trabajos de empresas y servicios externos, y otros 400.000 a subvenciones y transferencias a organizaciones no gubernamentales de carácter social. Algunos contratos y proyectos significativos son los comedores del servicio de día de la UMA, con 669.220 euros, y el del Albergue, 364.000, cuya remodelación del edificio costará 157.189 euros.
Además, el concejal reconoció que se tendrá que cambiar el sistema de prestación por alimentos, "mediante una reorganización para que sea más inmediato, estableciendo convenios con los supermercados mediante bonos".
González, que coincidió con las criticas de Cáritas respecto al mal funcionamiento del área, dijo que "con el anterior procedimiento es imposible atender las necesidades actuales", algo que se reflejaba en el retraso del abono de las ayudas hasta en seis meses.
Un ejemplo de la realidad compleja de la capital es el incremento hasta el 100% de la ocupación del Albergue, "donde se han tenido que adoptar medidas como incorporar colchonetas para que nadie se quede en la calle". Además, se han alquilado varios pisos para atender esta saturación, que también se solventa en con hoteles y pensiones.
González, que rechazó "todo tipo de alarmismo" a raíz del anuncio del decreto del alcalde, por el que se establece la situación de emergencia social en la capital, abogó "por afrontar con diligencia el incremento de las solicitudes sociales", e indicó que "lo más importante de esa decisión es la adopción de las medidas que contiene", pues aseveró que "se justifica porque el paro se ha doblado en dos años; al pasar de 13.000 personas a 23.000 este año".
Explicó que el 8 de mayo se modificaron las bases de las prestaciones, incorporando como ayudas básicas el agua y la luz y anunció que la concejalía "está en un proceso de reordenación interna y modernización absoluta, cuyo nuevo esquema organizativo será presentado en el próximo pleno municipal". Se trata de cambios orientados a la atención de los demandantes y a los colectivos y ONG, "a los que se les debe dinero desde hace muchos meses y no pueden trabajar sin saber cuándo van a cobrar".
Asimismo, señaló que se ha desdoblado la concejalía, al crearse un nuevo servicio de apoyo y soporte administrativo para una atención especializada y anunció que se modificará la Relación de Puestos de Trabajo, incorporando en un mes a 18 trabajadores sociales más, así como "la incorporación de personal adscrito de otras concejalías para sacar los expedientes y poner en marcha las medidas del decreto". También se han incorporado dos cajas fijas, para hacer efectivo el pago de las ayudas, "donde se firmarán y pagarán los cheques", cuyos requisitos para acceder se han simplificado hasta el punto de que se pueden tramitar con la simple presentación del DNI y la certificación de residencia, para que un trabajador social, con acceso a los datos, emita un informe que es determinante.
González anunció, con respecto a las 1.000 solicitudes que están pendientes de pago desde hace meses, que "en cuanto comience a funcionar la caja única, se pagarán sobre la marcha".
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