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AGENCIAS, Madrid
El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva que contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acompañada de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, afirmó que las palabras "derechos, garantías, seguridad y respeto" definen este anteproyecto, que pretende "salvaguardar la dignidad de las mujeres".
La nueva norma sustituye a la actual legislación, vigente desde 1985, que despenalizaba el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.
El anteproyecto sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Para ello, plantea la modificación de la Ley de Autonomía del Paciente con el objeto de equiparar el aborto al resto de prestaciones sanitarias, donde la mayoría de edad para decidir se sitúa en dieciséis años.
Según el informe presentado por Bibiana Aído, se trata de dar coherencia al marco jurídico y evitar intervenciones clandestinas.
Hasta la semana catorce de gestación, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente, siempre que como mínimo tres días antes de la intervención, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si decide seguir con la gestación.
De manera excepcional, hasta la semana veintidós la mujer podrá interrumpir el embarazo si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto.
En ambos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.
A partir de ese plazo, sólo un comité clínico pluridisciplinar podrá autorizar una interrupción a petición de la embarazada cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.
La interrupción voluntaria del embarazo se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para que sea una prestación pública y gratuita. El texto establece que ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo, aunque Aído insistió en que esto no quiere decir que las prácticas ilegales queden impunes.
La ministra de Igualdad aseguró que el anteproyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo es "el más equilibrado posible" y está "en línea con la mayoría de los países de nuestro entorno".
Aído recordó que el Gobierno ha cumplido lo anunciado y su anteproyecto ofrece mayores garantías jurídicas para las mujeres, una mayor seguridad para los profesionales sanitarios y equilibrio entre los derechos de autonomía de las mujeres y la protección de la vida prenatal
La futura ley, según Aído, ha sido redactada tras buscar "el máximo consenso posible". "Ha habido un gran debate, hemos escuchado al Parlamento, a los expertos, a las organizaciones sociales, jóvenes, mujeres, profesionales", ha señalado la ministra, quien ha reiterado que no cree que sea posible "proponer una ley más equilibrada que ésta".
Bibiana Aído dijo que el objetivo del Ejecutivo es frenar el incremento progresivo de los embarazos no deseados que se ha producido en los últimos diez años, tal y como recomiendan los principales organismos internacionales como la OMS, UE y la ONU.
"Nos preocupa"
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo ayer que la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo traslada a las jóvenes el mensaje de que pueden considerar el aborto como "un anticonceptivo más".
"Esto nos preocupa", subrayó Sáenz de Santamaría, quien también dijo que no comprenderá "nunca" por qué esta reforma incluye que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento de sus padres "y sin su conocimiento".
Pero las críticas al texto, o a algunos de sus aspectos, también provinieron ayer de las propias filas socialistas. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, señaló que no le parece bien que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres.
En relación con este aspecto del texto, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria ha recomendado a los facultativos que traten de buscar la implicación y el consentimiento de los padres de la menor, a pesar de que el anteproyecto no lo exige.
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