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EFE, Madrid
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el secretario general de los populares en la comunidad, Ricardo Costa, fueron citados ayer a declarar como imputados en el "caso Gürtel", decisión ante la que el PP ha reiterado su "total confianza" en ambos.
El magistrado instructor de la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para investigar un posible delito de cohecho en relación con la supuesta trama de corrupción vinculada a cargos del PP citó a declarar también al ex vicepresidente valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo Rafael Betoret.
Camps y Costa -portavoz del PP en el Parlamento valenciano- han sido citados para el próximo martes 19 de mayo, mientras que Campos y Betoret tendrán que acudir al día siguiente al Tribunal.
Antes de conocerse su imputación, Camps comparecía en la sesión de control del Parlamento autonómico, donde defendió la honorabilidad de su gobierno y aseguró que se siente "tranquilo" porque "no hay nada que ocultar". Y después ha vuelto a obtener el respaldo pleno de la dirección nacional del PP.
Fuentes de ese partido señalaron que con la citación "se acaba con la indefensión" del presidente valenciano y subrayaron que en la dirección hay "plena confianza" tanto en Camps como en Costa.
En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz popular en la Cámara, Soraya Saénz de Santamaría, invocó el derecho a la presunción de inocencia y no ha querido opinar sobre si Camps debe ser suspendido de militancia.
El partido, dijo, cuenta con un comité de garantías que valora "las circunstancias" de cada caso.
Preguntada sobre si el PP tiene dos varas de medir, ya que los tres diputados madrileños imputados en la presunta trama dirigida por Franciso Correa han sido suspendidos de militancia, lo negó y recordó que ha habido casos de personas imputadas y después absueltas, lo que "ha generado mucho dolor".
Para el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, al no exigir responsabilidades, está vinculando su "destino político" al de los dirigentes de su partido imputados en casos de corrupción.
En la misma línea, el dirigente federal del PSOE Antonio Hernando ha considerado que la imputación de Camps y Costa es "la gota que colma el vaso" y Rajoy debería aclarar qué medidas va a tomar y si va a ser coherente con lo que ha hecho en la Comunidad de Madrid.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, instó al PP a ofrecer explicaciones a los ciudadanos sobre unos hechos que calificó de "graves", pero no quiso opinar sobre los pasos que debería dar el principal partido de la oposición.
Tras pedir "respeto" a la decisión judicial, apostó por la prudencia para que los jueces puedan trabajar sin ningún tipo de presión.
Petición de dimisión
Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) sí lo tiene claro y, tras conocer la imputación, pidió la "dimisión inmediata" de Camps y de Costa.
La portavoz de Compromís pel País Valencià en el Parlamento autonómico, Mónica Oltra, estimó también que Francisco Camps "debe convocar elecciones, ya que no quiere dar explicaciones ni dimitir".
Según las investigaciones desarrolladas por el juez Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del TSJCV, Camps adquirió trajes por 12.783 euros pagados por Orange Market -una de las empresas de la trama supuestamente dirigida por Correa-, a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad, desde 2005 a 2009, por valor de unos cuatro millones de euros.
En el auto de inhibición, Garzón señaló también que Camps adquirió "prendas y objetos disimulados en otros pedidos ajenos a las prendas obtenidas y, en algún supuesto, en facturas por gastos del stand de Fitur".
Con respecto a Costa, el juez dijo que adquirió trajes en varias tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros pagados también por empresas de Correa.
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