El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna (ULL) Francisco Villar aseguró que es "una barbaridad negociar con un hotel -que ocupa el dominio público marítimo terrestre- y no hacerlo con los dueños de una chabola", antes de participar en el I Congreso de Derecho Urbanístico que se celebra en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria desde ayer y hasta mañana.

Villar explicó que "si se es flexible con unos, ¿cuál es el criterio para los otros? No se pueden hacer excepciones. El trato ha de ser igual para todos".

El experto valoró, además, que en Canarias podría haber 100.000 camas en situación irregular -no por su construcción en zona de Costa- y desde 1995 se ha detectado esta situación sin que se haya logrado poner remedio.

"Son situaciones con muchos intereses y dar una solución es difícil. A veces, parece más fácil la huida hacia adelante, en vez de poner en marcha el servicio de inspección, resulta más complicado enfrentarse", consideró el coordinador del módulo de turismo "La ordenación del suelo turístico: Tensiones recurrentes", que tendrá lugar mañana en el congreso.

Medidas Urgentes

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, afirmó ayer que la nueva Ley de Medidas Urgentes pretende fortalecer determinados conceptos de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, que cumple diez años desde su aprobación, para adaptarla a la realidad de hoy.

Rivero, que pronunció estas palabras en la inauguración del I Congreso Canario de Derecho Urbanístico, subrayó que es fundamental culminar en esta legislatura el planeamiento territorial, urbanístico y de los recursos naturales de las islas para dar un "verdadero impulso al desarrollo sostenible".

En cuanto a la Ley de Medidas Urgentes, destacó que se trata de una ley "para avanzar", y que simplifica y racionaliza las actuaciones administrativas en materia territorial y urbanística.

Así mismo, destacó que el texto incide en la promoción de la actividad agropecuaria y el dinamismo del medio rural, al fomentar la actividad industrial, los servicios y equipamientos y dotaciones públicas y la diversificación energética renovable en el suelo rústico.

Por otra parte, destacó el esfuerzo económico que ha hecho el Ejecutivo para avanzar en el planeamiento, pues desde 2005 ha destinado casi 9,5 millones de euros a los municipios para la adaptación de los planes generales de ordenación urbana a la Ley de Directrices.