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Asinca exige el inicio inmediato de la obra del puerto de Granadilla a Rivero

Los industriales canarios insistieron ayer, durante un encuentro con el presidente autonómico, en que la crisis actual hace imprescindible invertir en las infraestructuras que pueden tener un mayor impacto en la economía y mejorar la competitividad de las empresas. Avisan de que la situación del sector es "crítica".
13/may/09 07:44
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UNA REUNIÓN ANTERIOR del jefe del Ejecutivo autónomo (segundo derecha) con los responsables de Asinca./ el día
UNA REUNIÓN ANTERIOR del jefe del Ejecutivo autónomo (segundo derecha) con los responsables de Asinca./ el día

EL DÍA, S/C de Tenerife

"Con carácter inmediato se deben impulsar las obras del puerto de Granadilla, dado que en un contexto como el actual es más importante, si cabe, priorizar las inversiones de mayor impacto sobre las actividades productivas", expuso ayer la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), cuya junta regional se reunió en Las Palmas con el presidente del Gobierno autónomo, Paulino Rivero.

En el catálogo de reclamaciones de los industriales canarios al que tuvo acceso EL DÍA destaca también la puesta en marcha urgente de las obras de la planta de regasificación de gas natural de Tenerife (en los terrenos del futuro puerto granadillero) y el cierre del anillo insular tinerfeño.

La situación de la industria isleña es "crítica", según Asinca, por lo que habrá que adoptar "las medidas necesarias que reactiven y diversifiquen la actividad productiva, de forma que no continúe perdiendo valor añadido y puestos de trabajo". En este sentido, hay que señalar que los industriales reclamaron a Rivero que las obras prioritarias en el Archipiélago sean ejecutadas por empresas canarias y, dentro de lo posible, con materiales y otros elementos de fabricación local.

La patronal justifica su petición en que el "desplome" de la actividad del sector "se ha visto especialmente reflejado en la industria extractiva y auxiliar de la construcción, que ha sufrido caídas de la producción durante 2008 que llegaron a superar el 60% respecto al año anterior".

Los industriales destacaron durante la reunión con el presidente la aportación del sector a la economía isleña "por los innumerables efectos de arrastre que ejerce sobre otros sectores, por su valor añadido, por el empleo que genera y por su arraigo". Además, pusieron de relieve su acción "diversificadora" sobre el tejido productivo canario, de ahí que el apoyo "decidido" a la industria pueda ser "una parte importante de la solución a la actual crisis".

Ese respaldo se debe articular a través del relanzamiento del logotipo "Producto de Canarias", que busca garantizar la permanencia de los artículos locales en los lineales de la distribución comercial, y para el que es vital la colaboración del Ejecutivo autónomo, que debe actuar como "referente" en su propio abastecimiento.

Por otra parte, Asinca reclamó a Rivero el apoyo de su Gobierno a la solicitud de prórroga (2011-2013) del Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM) "mediante la inclusión en el memorándum de las regiones ultraperiféricas que está elaborando de un apartado específico en el que se establezcan las bases" de esa moratoria, que contribuirá a evitar la deslocalización de las empresas instaladas en las Islas.

Respecto a las ayudas al transporte de mercancías, los industriales piden un incremento de su ficha financiera para reducir "al máximo" el sobrecoste de la lejanía e insularidad, aunque, a día de hoy, lo más urgente, precisaron, es "conocer el estado actual de la tramitación de las órdenes del Gobierno canario -que regulan la concesión de las correspondientes a 2007 y 2008-, que llevan un considerable retraso".

También pidieron que el Archipiélago luche por mantener las bonificaciones al transporte marítimo en la nueva Ley de Puertos, que se doten de un presupuesto "suficiente" las actuaciones de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC) previstas para 2010 y que se aproveche la transposición de la Directiva comunitaria de servicios (que entra en vigor el próximo 1 de enero) para "mejorar el funcionamiento de la Administración pública".

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