El grupo de asociaciones de padres que se unió hace aproximadamente un año para denunciar la gestión de la Consejería de Educación expresó ayer su pesimismo respecto a las intenciones de la Administración para el próximo curso, cuya planificación tildaron de "disparatada". Bajo el rosario de críticas de este colectivo hacia Educación se encuentra la sospecha de que el departamento que dirige Milagros Luis Brito tiene "un proyecto deliberado de desatender sus obligaciones" para beneficiar al sector privado.

Así se pronunció ayer uno de sus representantes, Pablo Jerez, quien incidió en la que ha sido una de las principales quejas de estas asociaciones, la acogida temprana. Según Jerez, un 80% de los centros en que se desarrolla este servicio está es gestionado por las propias Ampas. "Es inaudito que a las asociaciones se les imponga funcionar como empresas de gestión", dijo.

También hizo referencia Pablo Jerez a las actividades extraescolares, en peligro, a su juicio, por la previsión presupuestaria para el próximo curso, una "miseria" que "no da para mantener el nivel de actividades actual". Así, sostuvo que "sólo habrá 621.000 euros para Primaria, Secundaria y centros concertados", una circunstancia que, añadió, se agrava por el hecho de que "no se ha dado dinero a los cabildos" y de que algunos ayuntamientos han avisado de que, debido a la crisis económica, no estarán en condiciones de ofrecer estas actividades.

Respecto a la inclusión de la enseñanza concertada en esta partida, Jerez apuntó que se trata de una novedad y que demuestra que Educación "está más preocupada por mejorar las condiciciones de este tipo de centros".

Las Ampas coordinadas alertan, además, del aumento de las ratios (número de alumnos por grupo) para el curso 2009-2010, una posibilidad que ya ha sido desmentida por la Consejería -que la explica como una opción que da la LOE para acoger a estudiantes que llegan con el curso comenzado- pero que, según este colectivo, ya ha sido comunicada "oralmente" a algunos centros por parte de la Inspección Educativa.

"No está por escrito, pero hay todas las trazas de que será así", apuntó otro de los miembros de la agrupación, Pablo Santana. "El procedimiento habitual de esta consejería es escribir lo menos posible e imponer por la vía de la orientación a sus cargos, como inspectores y directores, para así convertir las situaciones en hechos irreversibles", argumentó Pablo Jerez.

En cuanto a los comedores escolares -otro de los caballos de batalla de las Ampas coordinadas-, este grupo censura que entre las condiciones para acceder a ellos se incluya la declaración de la renta de 2007, un momento previo a la crisis económica y a la "duplicación" del índice de paro en el Archipiélago.

Este colectivo de familias comparte la preocupación de sindicatos, empresas y algunas instituciones por el "recorte" que, a su juicio, prepara la Administración educativa en la oferta de Formación Profesional. "El Gobierno dice que el número de grupos es similar al actual, pero la razón es la nueva oferta de programas de cualificación profesional inicial (PCPI), que tienen menos valor formativo. La conclusión es que la Consejería empobrece y devalúa la oferta formativa", resumió Pablo Santana. En este sentido, llamaron la atención sobre el mantenimiento en los centros privados concertados de ciclos eliminados de los públicos.