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N. VIZOSO, S/C de Tenerife
Los 62 trabajadores del Centro de Atención de Minusválidos Psíquicos (CAMP) de La Cuesta realizarán una acto de protesta frente a la sede del Cabildo de Tenerife el próximo lunes 11 de mayo. De esta forma quieren mostrar su rechazo ante la situación laboral actual ya que, según argumentan, la empresa gestora del servicio incumple permanentemente el plazo estipulado para el pago de las nóminas.
Según expuso ayer en rueda de prensa Adela Valentín Rodríguez, secretaria general de FETE-UGT Tenerife, los trabajadores del centro vienen sufriendo estos problemas laborales desde noviembre de 2003 debido a una continua situación de retraso en los pagos de sus nóminas que deberían ser ingresadas dentro de los primeros cinco días de cada mes, máximo día legal para percibir los salarios según el convenio laboral, y que ha llegado a originar una situación "penosa y precaria".
En este sentido, Estrella Garcés, representante del comité de empresa, explicó que "muchos meses se les ha pagado entre el día 15 y 20 del mes" y detalló que el último retraso en el pago coincide con la nómina de este mes que fue ingresada el pasado día 13 a excepción de un ingreso previo de 200 euros.
Además, según denuncian los profesionales del centro también existen carencias en la formación, la impartición de módulos de reciclaje y en la entrega de los uniformes en el tiempo previsto. A todo ello se le debe sumar que desde 2003 no se les ha practicado a los trabajadores las correspondientes revisiones médicas pese a que están recogidas en el convenio de discapacidad.
El CAMP de La Cuesta es un centro de atención a discapacitados físicos y psíquicos mayores de edad que atiende a 65 usuarios: 20 en régimen de internamiento y 45 en régimen externo, ambos de lunes a viernes. En sus instalaciones se llevan a cabo actividades de carácter asistencial, rehabilitador y educativo pero la actual situación de sus trabajadores está afectando a la calidad del servicio y al bienestar de los usuarios en el centro.
Por ello, el personal del centro cuenta con el apoyo de la Asociación de Padres y Madres de Usuarios del CAMP de La Cuesta, estando presente durante el acto informativo, su secretaria, María del Pino Pérez, quien dijo conocer esta situación desde octubre de 2008 y ratificó el apoyo a todos los trabajadores del centro.
Asimismo, incidió en que a través de la asociación se ha hecho llegar al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) el conocimiento de dicha situación, tanto mediante reuniones como por escrito.
Sin embargo, según explican y pese a la reunión mantenida el pasado 20 de abril con el director de la Unidad de Discapacidad del IASS, Andrés Hernández, la situación continúa igual y, es más, no entienden como la actual empresa gestora tiene la opción de volver a presentarse al nuevo concurso de licitación del centro.
El CAMP de La Cuesta se abrió en 1992 y desde entonces su gestión ha pasado por distintas empresas, siempre dependiendo del IASS. Se trata del único centro de gestión indirecta que existe en Tenerife y sus trabajadores explican que pese a que la gestión del servicio es indirecta, a través de una empresa privada, y no forman parte del personal del Cabildo, las carencias que puedan existir sí son responsabilidad de la entidad pública.
el apunte
Nuevo proceso de licitación
El CAMP de La Cuesta es un centro de atención indirecta que está siendo gestionado actualmente por la empresa Oceanic Assitance SLU, tras ganar el correspondiente concurso público. Se da la circunstancia de que el contrato finalizó el pasado mes de febrero y que, tras la prórroga de un mes, el IASS ha aprobado el pliego de cláusulas para un nuevo contrato por un año y un presupuesto de licitación de 1.284.286,17 euros.
El nuevo pliego de cláusulas introduce como novedad que ocho plazas permanezcan abiertas todo el año ya que hasta ahora el centro cerraba durante agosto, Navidad y Semana Santa. Sin embargo, los representantes sindicales aducen que esto supone una mayor carga laboral por el mismo dinero. Además, el concurso está paralizado porque dos empresas alegaron inconvenientes económicos.
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