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EUROPA PRESS, La Palma
La Audiencia de Cuentas de Canarias ha hecho público el informe de fiscalización de la contratación administrativa del Ayuntamiento de Tazacorte durante el ejercicio de 2006. El informe concluye que la actividad económica y financiera llevada a cabo por el Consistorio bagañete "no se ajustó a la normativa de aplicación".
En las conclusiones del informe de la Audiencia se recoge que el Ayuntamiento de Tazacorte no tiene constituido el registro público de contratos que establece el artículo 118 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Además, asegura que de las comprobaciones realizadas, se desprende "la existencia de gastos para los que no se tramitaron expedientes de contratación y que pudieron ser objeto de fraccionamiento, con la consiguiente disminución en la cuantía de éstos".
Así pues, el informe recoge que por parte del Consistorio bagañete se eludieron los requisitos de publicidad y el procedimiento o la forma de adjudicación que correspondía. "Como resultado de dicha práctica, la Corporación tramitó sucesivos contratos menores, con infracción de la normativa contractual, de modo que, debiendo abarcar el contrato la totalidad del objeto determinado según las necesidades de la Administración local, el órgano de contratación pudo haberlo fraccionado".
El informe de la Audiencia también incluye en sus conclusiones que los expedientes de contratación fiscalizados "carecen de documentos y trámites esenciales para todo contrato público", como la certificación de la existencia de crédito presupuestario o la fiscalización previa y material por parte de Intervención.
La Audiencia de Cuentas de Canarias también se muestra tajante en su informe al recoger que los contratos "carecen de trámites imprescindibles en las actuaciones encaminadas a la contratación", como los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas; la publicación de las adjudicaciones, y también el contrato formalizado y la fianza definitiva.
Otras irregularidades detectadas por la Audiencia son las referentes a la ejecución de los contratos, habiendo observado la no constancia del acta de medición general y de la certificación final de las obras, y frecuentes retrasos no amparados por la concesión de prórrogas justificadas, sin que conste la imposición a los contratistas de las sanciones previstas legalmente.
"Estas modificaciones, que generaron significativos incrementos en los plazos, se concedieron sin que conste la práctica de las actuaciones reglamentarias para la exigencia de las correspondientes responsabilidades", señala el informe.
La Audiencia de Cuentas también concluye que desde el Ayuntamiento palmero se consignaron créditos para proyectos que no se inician en el ejercicio o cuya ejecución se extiende a varios ejercicios, sin acomodar el presupuesto de las inversiones al previsible ritmo de ejecución.
El informe termina señalando que "del conjunto de los hechos que amparan las conclusiones anteriores, se puede inferir sobre la existencia de al menos algunas de las notas indiciarias de la responsabilidad contable cuya efectiva determinación correspondería examinar, en su caso, al Tribunal de Enjuiciamiento Contable".
El informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias es consecuencia de una denuncia presentada ante este organismo relativa a supuestas irregularidades cometidas en la gestión de la contratación de obras por parte de la Corporación de Tazacorte. El pleno de 29 de marzo de 2007 acordó para el año siguiente una acción fiscalizadora sobre los hechos.
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