EFE, Madrid
María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno, reconoció ayer que la reforma que estudia el Ejecutivo para garantizar que ninguna organización ilegalizada por su relación con la banda terrorista ETA -como Acción Nacionalista Vasca (ANV)- pueda gobernar en los ayuntamientos no tendrá efectos retroactivos.
Así lo afirmó Fernández de la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo que supone que la reforma legal que prepara el Ejecutivo no podrá aplicarse a ANV, formación ilegalizada en septiembre de 2007 y que gobierna en un total de 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra.
La vicepresidenta primera explicó que el Gobierno dispone ya de varios estudios e informes, entre ellos los remitidos por la Fiscalía General del Estado y los servicios jurídicos del Estado, con distintas propuestas sobre las medidas necesarias para evitar que personas que pertenecen a una formación política ilegalizada puedan gobernar las corporaciones locales.
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