CANARIAS, desde siempre, se ha mantenido a base del esfuerzo de sus habitantes y la lucha constante de sus instituciones en la mejora de nuestro Archipiélago. Esa pugna no siempre ha contado con la comprensión del Estado español ni del Gobierno central. En diferentes ocasiones, unas veces de manera hábil y otras con contundencia, pero siempre con argumentos, los canarios hemos tenido que negociar permanentemente nuestro futuro con el Estado.
Muchas veces la cerrazón de Madrid sobre nuestras peculiaridades ha conseguido trasladar a nuestros ciudadanos un sentimiento de abandono, que lejos de diluirse con la llegada de la democracia, a pesar de la autonomía y con la incorporación a la modernidad, parece que no se consigue superar; máxime cuando se compara con los adelantos que en esta materia consiguen otras nacionalidades del Estado.
En estos momentos se presenta otra batalla importante que hay que ganar: la llamada deuda histórica con Canarias, que tiene su origen principal en el vigente modelo de financiación autonómica implantado en 2002. Es una deuda debida a la acumulación, desde ese año, de los déficits generados por la menor inversión estatal en Canarias y por la menor financiación autonómica per cápita respecto, en los dos casos, a la media del conjunto de las comunidades autónomas, más la compensación indebida al Estado por la pérdida del IGTE.
También se incluiría en este concepto la deuda sanitaria basada en el incremento de la población a atender, el coste de la insularidad, el de la doble insularidad y el derivado de la asistencia que se presta desde Canarias a pacientes desplazados, a la población turística y a los inmigrantes. Si sumamos todos los conceptos, hay algunos estudios que cuantifican la deuda histórica contraída con Canarias en casi 6.500 millones de euros.
No se trata de una cantidad ideada sin fundamento. Al contrario, existen argumentos sólidos que la justifican. Solamente el déficit de la inversión estatal desde 2002 hasta la actualidad supera los 1.700 millones, lo que resulta un verdadero agravio. Esa cifra casi se dobla cuando se trata de determinar la financiación autonómica per cápita con respecto a la media del conjunto de las comunidades autónomas.
En ese punto, el Gobierno central se empeña en mantener como referencia la población canaria en 1999. Sin embargo, después de diez años, la cifra de habitantes del Archipiélago ha aumentado más de un 24%. En ese mismo período la población en la Isla de Tenerife se ha incrementado en un 28%, dado que ha pasado de 692.366 habitantes a 886.033. A todo ello se añade una compensación indebida por la pérdida de recaudación del Impuesto General de Tráfico de Empresas, que ha llevado a que nuestras Islas hayan recaudado otros 1.600 millones de euros menos en los últimos ocho años.
Todos los partidos políticos de Canarias deberíamos estar unidos en este asunto y exigir al Estado que en base a argumentos realmente de peso se piense en Canarias y se satisfaga esa deuda que, sin embargo, no existe ningún reparo en atender incluso de manera efectista , tal y como hemos visto esta semana, y con generosidad en Cataluña y Andalucía. Esos fondos resultan imprescindibles para garantizar la prestación de servicios necesarios a la población isleña, como ocurre con los sanitarios, además de otros muchos, entre los que figuran los dependientes del Cabildo tinerfeño.
Precisamente en el último pleno del Cabildo Insular de Tenerife, celebrado ayer mismo, todas las formaciones presentes en la Corporación hemos acordado iniciar conversaciones que nos permitan llegar a un acuerdo institucional lo más pronto posible dando ejemplo de servicio a esta tierra y con el objetivo de lograr esta compensación. Es lo justo y nos sobran razones.
* Vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife
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