G.M., S/C de Tenerife
Los menores con medidas judiciales de internamiento en centro en Canarias han pasado en los dos últimos años de 427 a 160, según explicó ayer la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, que vinculó este descenso a la eficacia de las acciones preventivas llevadas a cabo por el Ejecutivo.
Rojas apuntó a que en Canarias "actualmente existen 643 menores con algún tipo de medida judicial, y se ha conseguido que la mayor parte de ellas las cumpla en un sistema abierto, es decir, que tratamos de recuperarlos sin sacarlos de su entorno".
En concreto la consejera se refirió al éxito de medidas como la libertad vigilada, los centros de día y las acciones en favor de la comunidad aludiendo a "la buena relación y colaboración que existe con la Fiscalía del Menor".
Para el Gobierno la clave está en los talleres de empleo de formación de trabajadores en materia de protección y medidas judiciales. "Es una magnífica herramienta pública para cubrir el objetivo de atender al menor en sus necesidades a la vez que se va creando una bolsa de trabajadores especializados", dijo Inés Rojas antes de incidir en que "estos profesionales están muy bien preparados, y ejemplo de ello son las 1.248 horas de formación práctica que tienen, además de las 672 teóricas".
Por su parte, la diputada socialista Rosa Guadalupe Jerez preguntó a la consejera sobre el porqué a fecha 30 de noviembre de 2008 no se había ejecutado el 94% del presupuesto para esta materia, algo que Rojas negó apuntando a que "se ha pagado todo lo que estaba previsto".
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