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EFE, Madrid
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció ayer en el Senado que la Fiscalía ha sugerido al Gobierno una reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que permita expulsar de los ayuntamientos a aquellas candidaturas vinculadas a una organización terrorista.
Así lo manifestó el fiscal general en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, donde se refirió a los supuestos en los que las pruebas de la vinculación de un partido o una candidatura con ETA, en alusión a ANV, se obtienen después de las elecciones, cuando "ya no es viable ni eficaz la impugnación en sede judicial".
Conde-Pumpido afirmó que esa reforma de la Ley de Régimen Local sería una "posible y sencilla" solución legislativa y la "única constitucionalmente viable".
Dicha reforma es una de las medidas que el Gobierno barajó antes de las últimas elecciones celebradas en el País Vasco, cuando la vicepresidenta Fernández de la Vega aseguró al inicio de la campaña electoral que el Ejecutivo trabajaba ya en la búsqueda de una fórmula para impedir que una organización ilegalizada pueda gobernar en las alcaldías.
En su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado, el fiscal general defendió la labor de-sarrollada por los fiscales de la Sala de lo Contencioso-administra-tivo del Supremo, Antonio Narváez, y el fiscal del Constitucional, Juan Cesáreo Iñigo Ortiz Úrculo.
Según dijo, el esfuerzo de estos fiscales en los procesos de impugnación de listas de la izquierda abertzale ha "cuajado" pese a que su escrupulosa actuación jurídica ha sido descalificada bajo acusaciones de instrumentalización política "profundamente ofensiva".
La Fiscalía entiende que una reforma del artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local permitiría expulsar de los ayuntamientos a las formaciones políticas vinculadas a una organización terrorista cuando, como sucede en el caso de ANV, esos partidos sean ilegalizados después de constituirse el consistorio.
Así lo informaron fuentes del Ministerio Público consultadas tras el anuncio del fiscal general.
El artículo dice que el Consejo de Ministros "podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".
El punto segundo señala que se considerarán "gravemente dañosos" los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales "que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".
La Fiscalía entiende que bastaría con añadir a ese punto como causa de disolución la de que un ayuntamiento esté gobernado por una mayoría de concejales pertenecientes a un partido político ilegalizado con posterioridad a la constitución del mismo.
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