O. GONZÁLEZ, Tenerife
"Esta ley combina la preservación del territorio con la introducción de medidas para reactivar la economía". Así justificó ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, la aprobación por parte de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) de la controvertida Ley de Medidas Urgentes (LMU), una norma que los socialistas calificaron de "insostenible".
Rivero afirmó que la mencionada ley tiene que ver con una de las medidas estructurales puesta en marcha por el Ejecutivo regional para hacer frente a la crisis, y remarcó que la norma "apuesta por la diversificación económica de las Islas".
Además, el presidente indicó que aunque la ley no ha conseguido el consenso político, sí ha tenido el consenso social, y calificó de "hito histórico" su aprobación, ya que apuesta por el desarrollo y la potenciación del sector primario y facilita la actividad agrícola y el desarrollo de la ganadera.
También supone, dijo Rivero, una apuesta por el desarrollo industrial y una defensa del turismo de calidad y de la rehabilitación sin consumir más suelo.
En la misma línea, subrayó que esta norma y las medidas que introducen permiten ver el futuro "de forma esperanzadora", porque facilitarán la creación de empleo y la preservación del territorio.
Última esperanza
Por su parte, el diputado del PSC Manuel Fajardo apuntó que el trámite plenario era la última esperanza para que el Gobierno reconsiderara la postura y recapacitara en su intención de aprobar esta ley, aunque subrayó que era consciente de la "cabezonería" de los grupos de CC y PP.
Fajardo "lamentó" que todos los intentos de diálogo y consenso con el resto de grupos parlamentarios resultaran en vano, y, pese a que reconoció que era necesaria una ley que agilice los trámites administrativos y elimine los estrangulamientos que dificultan el desarrollo económico, rechazó la norma presentada por el Gobierno porque, a su entender, "defiende tesis neoliberales". "Se trata de una ley insostenible que pretende aplicar la flexibilidad para decisiones discrecionales y continuar con un modelo económico y turístico agotado", apuntó Fajardo.
Sin embargo, y pese a las críticas a la LMU, tanto ayer en el Pleno como en comisión parlamantaria, el diputado socialista no llegó a presentar un texto alternativo al del Ejecutivo, tal y como aseguró en rueda de prensa el pasado 19 de febrero. En aquella ocasión, Fajardo dijo que presentarían un documento diferente al del Gobierno, una vez concluidas las reuniones que iba a mantener con los diferentes sectores económicos y sociales.
Miguel Jorge, del PP, en cambio, defendió que la Ley de Medidas Urgentes va a dinamizar la actividad agrícola y ganadera, industrial y turística, y remarcó que va a "remover" un buen número de obstáculos que la normativa urbanística tiene en la actualidad.
En el mismo sentido, José Miguel González, de CC, subrayó que para que haya consenso tiene que haber ganas y "sospechó" que lo que ha pretendido el PSC es "boicotear" una ley "claramente favorable" para la ciudadanía canaria. "Se trata de una ley muy importante que racionaliza el uso del suelo, potencia al sector primario, favorece el sector industrial y pone los medios para que el sector turístico proceda a su rehabilitación", sentenció González.
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