O.G., Tenerife
Con los votos a favor de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) y la oposición del PSC, el pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer una modificación legal que busca evitar el derribo de viviendas en núcleos costeros tradicionales que podrían verse afectados por la Ley de Costas, de manera que de estar clasificados como suelo rural pasen a suelo urbano.
La proposición de ley fue defendida por CC y PP, mientras que el PSC, que votó en contra al considerar que es insconstitucional, defendió que en casos de conflicto por la aplicación de la Ley de Costas debe estudiarse caso por caso para no perjudicar el interés general en el uso del espacio público.
Manuel Fajardo, del PSC, auguró que esta nueva ley quedará paralizada en cuanto el Gobierno central presente el correspondiente recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), al igual que ha hecho con una norma similar aprobada en Galicia.
Áreas urbanas
La ley ratificada ayer, que implica una modificación de las leyes canarias de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos, establece como áreas urbanas todas las que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica. También considera como urbanas las áreas que comprendan terrenos consolidados por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie si el planeamiento municipal estuviera en vigor, o la mitad de su superficie si no fuera así, entre otros aspectos.
Cristina Tavío (PP) afirmó que esta modificación legal supone "una defensa de los intereses del pueblo canario", mientras que José Miguel González (CC) denunció el "trato injusto" de Costas "a una serie de localidades y construcciones históricas".
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