Rivero reprocha al PSOE que haya dejado en manos extranjeras la energía

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, Domingo Berriel, en el pleno./ m.p.

O. GONZÁLEZ, Tenerife

El debate político en el Parlamento de Canarias tomó ayer cierto aire medioambiental. Y no porque a sus señorías les diera por hacer una acérrima defensa del aire que se respira en el Archipiélago, sino porque buena parte de la jornada parlamentaria giró en torno a la aplicación de las energías renovables en las Islas y a la conveniencia o no de aprobar la controvertida Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo.

En relación con el primer aspecto, y tras una pregunta del presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Marcos Pérez, sobre las acciones puestas en marcha por el Ejecutivo regional para reducir la dependencia exterior del Archipiélago, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, acusó al PSOE de haber dejado en manos extranjeras la energía en España.

"Su partido quería jugar la Champions League en el sector energético: empezó hablando francés, pasó luego a hablar alemán, se dio un pasada por Rusia para hablar ruso y terminó hablando italiano", ironizó Rivero, quien remarcó que "esa es la única desvergüenza en el sector energético español en estos momentos, que ha entregado a manos extranjeras el control de este sector".

Rivero respondía así al diputado socialista, quien acusó al Gobierno regional de "incumplir" los compromisos en materia de energías renovables. "El pasado 26 de marzo -día del apagón eléctrico en Tenerife- ocurrió un hecho que volvió a destapar las vergüenzas del sistema energético canario, marcado por la falta de planificación de este gobierno y el desfase y retraso en la instalación de las energías renovables", apuntó Marcos Pérez, quien responsabilizó al Ejecutivo de la caída del sistema eléctrico.

"Usted dice que vamos a incrementar la participación en renovables, pero mientras en España el nivel de consumo de energía primaria es del 10%, en Canarias pasa poco más del 4%", aseguró el diputado del PSC, quien subrayó que en el Archipiélago se "está desaprovechando el enorme potencial que tienen las Islas, con un PECAN -Plan Energético de Canarias- que no termina de ponerse en marcha y un concurso eólico que acumula un retraso de más de cinco años, entre pucherazos y litigios judiciales, que mandan a este territorio al farolillo rojo en cuanto a energías renovables de refiere".

Añadió, además, que Rivero representa "a un gobierno que ha sido incapaz de apostar por las energías renovables en épocas de incertidumbre y de garantizar el suministro energético".

Sobre este aspecto, Paulino Rivero apuntó que en Canarias "están a punto de adjudicarse los 97 megavatios de las previsiones del PECAN y está en marcha el concurso para adjudicar otros 57, de tal forma que el próximo ejercicio estaremos en el 57% del Plan Energético y, por lo tanto, en condiciones de cumplir las previsiones aprobadas por el Parlamento".

Rivero recordó que ya se han adjudicado los concursos eólicos de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, y que en las próximas semanas sucederá lo mismo con los de Tenerife y Gran Canaria, al tiempo que avanzó que en 2011 se abrirá un nuevo concurso para cumplir con las previsiones del mencionado PECAN, "lo que significará que en 2015 tendremos 1.025 megavatios procedentes de la energía eólica".

Penúltima defensa

Con respecto a la segunda cuestión que centró parte de la sesión plenaria de ayer, Domingo Berriel, consejero regional de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se vio obligado a protagonizar la "penúltima" defensa de la polémica Ley de Medidas Urgentes -que será aprobada hoy en la continuación de la sesión plenaria- tras una batería de preguntas formuladas por los socialistas.

Santiago Pérez, Julio Cruz y Rita Gómez plantearon diversas cuestiones sobre la mencionada norma, y volvieron a solicitar su retirada.

Cruz acusó a Berriel de haber modificado la Ley "por un subterfugio para intentar desviar resoluciones judiciales" y de no haber tenido en cuenta las peticiones formuladas por los cabildos de El Hierro, La Palma y La Gomera.

Berriel, por su parte, explicó que en el expediente constan todas las peticiones y que sólo El Hierro y La Palma hicieron alegaciones para que se reforzara la posición de estas islas en materia turística.

En la misma línea, Santiago Pérez recordó las críticas formuladas por las corporaciones insulares a la mencionada Ley de Medidas Urgentes, y reprochó al consejero que hubiese hecho "caso omiso" a estas solicitudes.

En este caso, Domingo Berriel desmintió que se no se hubiesen tenido en cuenta las peticiones de los cabildos, y aseguró que las críticas se han tenido en cuenta "siempre y cuando provengan de decisiones fundadas y aporten algo de debate".

"Tanto los grupos que apoyan al Gobierno (CC-PP) como el propio Ejecutivo han tenido en cuenta a los cabildos, hasta el punto de que estas instituciones están encantadas y esperanzadas en que la Ley de Medidas Urgentes salga adelante para solucionar muchos problemas", remarcó Berrriel.

Pérez, por su parte, dijo a Berriel que el Gobierno había perdido "una oportunidad" para perfeccionar el planeamiento. "Ha cogido por el camino equivocado, llevado por la desesperación de un Ejecutivo que es incapaz de llevar a cabo un sistema de gestión del territorio y se ha metido en un callejón sin salida", aseveró.

Además, el portavoz socialista insistió en que CC y PP enmendaron el proyecto de Ley de Medidas Urgentes para introducir novedades, modificar otras leyes vigentes y de esta manera "conseguir dos objetivos no lícitos: impedir que el grupo socialista no lo pudiera enmendar e impedir que los cabildos dieran su opinión". También auguró que todo esto "va a traer consigo nuevas situaciones de inseguridad".

La última en enfrentarse al consejero regional fue Rita Gómez, quien expresó su negativa al proyecto de Ley de Medidas Urgentes tras formular una pregunta al consejero sobre las instalaciones alojativas turísticas y un campo de golf en un espacio protegido, como el de Tamanca en La Palma.

Gómez manifestó que no procedía situar un campo de golf en un espacio protegido ni por razones legales, ya que "los valores naturales deben primar por encima de cualquier otro", subrayando que en el espacio de Tamanca está protegido desde 1987 y que hace unos años fue declarado Lugar de Interés Comunitario.

El consejero, por contra, respondió a la diputada del PSC que "los mismos valores naturales tenía Tamanca cuando se aprobó un plan parcial en 1988, con Jerónimo Saavedra en el Gobierno canario, en el que se contemplaban no 400 ó 500 camas, sino 12.000".