Sanidad resuelve que los casos de cirugía cardiaca del HUC han prescrito

LOS AFECTADOS CONFIABAN en no tener que recurrir a la vía judicial./ el día

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha comenzado a remitir las resoluciones a los familiares de pacientes del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario de Canarias que fallecieron, en las que asegura que no ha lugar a una indemnización debido a que los hechos ya han prescrito.

De momento, las respuestas negativas se refieren exclusivamente a aquellas personas que fallecieron tras ser intervenidas quirúrgicamente, y se basan jurídicamente en que los hechos tuvieron lugar entre los años 2005 y 2006 y la prescripción se produce a los 12 meses.

Para el abogado de la Asociación Canaria de Afectados por el Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario de Canarias (ACASCCH), José Luis Langa, este fundamento no tiene razón de ser porque el hecho prescribe al año siempre y cuando los pacientes sean conocedores de que han sido víctimas de una mala praxis, pero en este caso fueron consciente de ello mucho después, y denunciaron antes de los 12 meses.

Aunque hoy mismo la ACASCCH ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer las medidas que tomará en este sentido, todo indica que además de recurrir estas resoluciones, el caso continuará la vía civil y se resolverá en los tribunales, ya que a juicio de su presidente, Nicolás Sosa, "una vez más la Consejería de Sanidad está evitando asumir sus responsabilidades con objeciones legales que difícilmente se sostienen".

Cabe recordar que han sido 12 las familias que exigen al Servicio Canario de Salud que reconozca su mala praxis y que se les indemnice por ello. Varias de esas familias son de pacientes que fallecieron supuestamente como consecuencia de una mala intervención quirúrgica, pero otros tantos son afectados que quedaron con secuelas.

La denuncia interpuesta por la Asociación de Defensa del Paciente en la Juzgado número 4 de La Laguna continúa su trámite, y los afectados no descartan personarse como acusación particular. Hasta el momento, la Fiscalía continúan analizando la información que ha aportado al respecto la propia Consejería y también la que manejan los denunciantes.

En este sentido, José Luis Langa ya comunicó hace algo más de un mes que si bien la asociación que representa ha interpuesto una demanda de responsabilidad patrimonial, que podría superar los cuatro millones de euros, ante el Servicio Canario de Salud, "a raíz de la demanda de la Asociación El Defensor del Paciente, consideramos que nos tenemos que personar como acusación popular para también aportar nuestras pruebas".

En aquel momento José Luis Langa y Nicolás Sosa, indicaron que confiaban en que fuera la propia administración la que resolviera estas cuestiones y "deseamos no tener que llegar a litigar en los tribunales".