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G. MAESTRE, S/C de Tenerife
El Consejo de Ministros acordó el viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional la parte de la Ley de Vivienda de la Xunta de Galicia que modificaba la ordenación urbanística vigente para dar cobertura legal a miles de viviendas construidas sin respetar los 100 metros de distancia que existe la Ley de Costas. Esta circunstancia ha hecho saltar todas las alarmas en Canarias, puesto que esa norma se basaba parcialmente en la modificación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario que está previsto que se apruebe esta semana en el Parlamento.
El diputado de Coalición Canaria (CC) José Miguel González mostraba ayer su convencimiento de que este recurso no dará la razón al Gobierno. "Estoy completamente seguro de que el Gobierno central perderá el recurso, porque la reforma hecha en Galicia, igual que la canaria, es constitucional".
En este sentido, González recordó que "aunque ambas leyes son diferentes, lo que está claro es que comparten un mismo fin".
En el mes de marzo el diputado de Coalición Canaria declaró a un diario nacional que "la ley canaria es similar a la gallega, ya que ellos la copiaron; de manera que si el Gobierno no recurre aquella, tampoco podrá hacerlo con esta".
En aquel momento quizás González confiaba en que, siendo presidente de la Xunta un socialista (Emilio Pérez Touriño), tal vez el Ejecutivo de Zapatero no llevaría el asunto ante el Constitucional, pero al final así ha sido y todo indica que la norma canaria correrá el mismo destino una vez que sea aprobada.
González ha sido uno de los máximos defensores de la necesidad de introducir mejoras en las actuales competencias autonómicas en materia de litoral, y en varias ocasiones ha manifestado su creencia de que "si es la comunidad autónoma la que tiene las competencias de ordenación de su territorio, lo lógico es que también lo tenga sobre su litoral".
Muy lejos de esta consideración se sitúa el diputado socialista Manuel Fajardo, que considera que "si la idea que defiende José Miguel González se llevara a la práctica, sería el caos, porque cada comunidad aplicaría una normativa y lo que se podría hacer en una, en otra sería ilegal. Por eso hace falta una norma estatal que unifique los criterios".
Para Fajardo, "está claro que si la ley gallega ha sido recurrida, la canaria seguirá igual destino; porque la comunidad autónoma no puede dotarse a sí misma de unas competencias que están claramente fijadas a favor del Estado".
A juicio del diputado socialista, "esta cuestión es una más de las banderas que ondea CC para intentar vender que son los auténticos defensores de las Islas. Así, ahora están hablando continuamente de la deuda histórica que el Estado mantiene con Canarias, pero desde hace meses hacen lo mismo con la Policía Canaria e incluso con el Estatuto de Autonomía. Creo que este tema de los núcleos poblacionales ilegales situados en el litoral es un tema recurrente que utilizarán para hacer ver como que han intentado defender a los afectados, y que Madrid se lo ha impedido".
Fajardo insiste en que "es una pena que CC y PP lo único que hagan es buscar el enfrentamiento público con el PSC", y recuerda que aún se está a tiempo de frenar la entrada en vigor de la nueva normativa, ya que "desde el Partido Socialista hemos presentado varias enmiendas con el objetivo de corregir y adaptar la norma a la legalidad vigente".
Una ley polémica
La Proposición de Ley de modificación del Texto Refundido de las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario es la norma con la que el Parlamento pretende dar respuesta a los afectados de todas las Islas que poseen una vivienda en el dominio público marítimo-terrestre. La lucha real entre el Gobierno central y el autonómico radica en el establecimiento del deslinde a los 20 metros de la ribera de mar, ya que en las Islas hay muchos asentamientos históricos y de numerosa población que incumplen este supuesto. En este sentido, la nueva norma establecerá que "no será necesario acreditar el reconocimiento del suelo urbano y rural anterior a la entradas de la ley nacional (1988), sino que bastará con demostrar el hecho de facto", al igual que considerará "asentamientos rurales a los que cuenten con urbanización primaria del suelo aunque no hayan sido clasificados como tal", e insiste en que "el legislador estatal no es competente para establecer las clases de suelo, ya que se trata de una competencia autonómica, por lo que las referencias de la Ley de Costas en esta materia pierden ahora su importancia".
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