Un Varadero, dos visiones

ÁLVARO MORALES, El Rosario

El denominado "caso Varadero" mantiene como imputado al alcalde de El Rosario, Macario Benítez (PSC), a sus compañeros de gobierno durante el anterior mandato y a la secretaria municipal por aprobar supuestamente el plan parcial de El Varadero, en la costa local, para crear viviendas cuando lo impedía la Ley de Moratoria Turística y el Plan Insular de Ordenación del Territorio, que reservaba la zona como suelo de protección ambiental. Benítez confía en que el caso acabe archivándose en el menor plazo posible y mantiene con insistencia su inocencia y la de su grupo, aparte de reprocharle a IR-Verdes su intento de hacer un juicio mediático paralelo al judicial "con informaciones sesgadas sobre lo que les gustaría que fuera este caso".

Según recalca el gobierno local, en los 26 años de gestión socialista "nunca se han tomado acuerdos sobre expedientes que no tuvieran todos los informes favorables". En este caso, subrayan que, "pese a tener todos los informes favorables locales, insulares y regionales", pidieron uno externo a un jurista "de reconocido prestigio en materia urbanística".

"Los informes de la Cotmac y Cabildo -subrayan- han sido también favorables y esos cuatro en contra a los que alude IR-Verdes nunca llegaron al ayuntamiento, por lo que nos gustaría saber cómo han llegado a sus manos documentos internos que no se trasladaron siquiera a la corporación; ¿qué administraciones se los han proporcionado y con qué objetivo? ¿Son vinculantes, tienen registro oficial de salida del organismo que los dictó?, ya que no consta su entrada en nuestro ayuntamiento".

El PSC subraya que el "famoso fax" enviado a la Cotmac fue una decisión "compartida por los organismos competentes". Además, defiende la honradez y profesionalidad de la secretaria, a la que cree que se le está haciendo daño desde un "todo vale, desde la política de la falta de propuestas, el escándalo, la descalificación, tergiversación y engaño".

Por eso, se preguntan qué le dirán a los vecinos y a los afectados del caso "cuando se haga justicia, ya que se trata de numerosas familias que pagan sus contribuciones religiosamente desde 1991 por unos terrenos urbanos, en su mayoría heredados de varias generaciones, y que se han quedado, en muchos casos, en la ruina. Parece que no interesa que no se trata de ninguna recalificación de terrenos, sino que se trata de una zona contemplada como suelo apto para urbanizar en las Normas Subsidiarias vigentes hasta el PGO. Además, IR-Verdes nunca recurrió su aprobación".

"Existen cuatro informes contrarios del Gobierno"

Á.M., El Rosario

Escolástico Gil, portavoz de IR-Verdes, lleva años multiplicándose en los medios para denunciar lo que considera irregularidades claras y espera que así lo confirme la Justicia. Frente a las tesis de Benítez, insiste sobre todo en que "sí existen cuatro informes contrarios" a la aprobación del plan, "con el que se pretendía crear casi mil viviendas para unas 3.000 personas en un área de 260.000 metros". Según su versión, la Cotmac respaldó el proyecto, "pese a que ya había un auto y dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias favorables al PIOT y en contra del plan".

En línea con los que aprecian ilegalidades, Gil sostiene que hay, "al menos, cuatro informes contrarios del Gobierno canario de 2002, cuando el alcalde retiró el asunto de la Cotmac vía fax (algo que considera clave porque el alcalde "mintió y luego, en 2007, tuvo que reconocerlo") para que no se tratara, así como otro del servicio insular de Carreteras y otro técnico del Cabildo que se perdió". Asegura que, en 2004 y por silencio administrativo, el proyecto se aprobó en pleno "más de año y medio después" porque no llegaron los informes de la Cotmac e insulares "al estar paralizado el plan, tal y como pidió Benítez y tal y como confirmó el propio consejero de Política territorial, Miguel Ángel Pulido". Admite que hubo apoyo del resto de administraciones, pero resalta que se trató de un respaldo "ilegal, tal y como ratificaron los tribunales en un auto de 2005 y en sentencias de 2006 y 2007, todas, excepto una, dictadas antes de que la Cotmac dijera sí al plan parcial".

Recuerda que dos informes de la arquitecta municipal de 2002 advierten de que se incumple la Moratoria y el PIOT, así como que la secretaria está imputada por "prevaricación y tráfico de influencias al informar a favor del plan parcial".

A su juicio, resulta lógico que las sentencias en contra surgieran después de aprobarse el plan (desde 2006) "porque el ayuntamiento y el promotor, Amador Díaz, recurrieron el PIOT para que no protegiera Varadero, pero la jugada les salió mal porque el TSJC dijo bien clarito que el PIOT va a a misa y que Varadero no se puede urbanizar". Por eso considera increíble que, en mayo de 2007, la Cotmac aprobara el PGO con Varadero incluido como urbanizable, "ya que se saltaron una sentencia que decía que está plenamente justificado proteger Varadero en el PIOT". Asimismo, subraya que no se podía presentar recurso contra las dos primeras sentencias porque eran firmes y cree ya sería el colmo que el consistorio recurriera la última después de hacerlo con el PIOT "y recibir el varapalo del TSJC". Para Gil, ha habido "mucha mala fe y contradicciones" en este asunto. Los afectados sí recurrieron y todo depende del Supremo.