CADA VEZ es mayor la conciencia social sobre la importancia de dar respuesta a las demandas de quienes requieren una atención especial y una implicación directa de los gobiernos para garantizar el cumplimiento de derechos y, en consecuencia, asegurar unas buenas condiciones de vida a personas como nuestros padres y abuelos, que con su esfuerzo han contribuido a levantar el mundo del que hoy disfrutamos.
Justo es, por tanto, que nos preocupemos de su bienestar, igual que debemos hacer con grupos de población como menores y discapacitados, que requieren protección y con los que estamos obligados a trabajar para evitar la exclusión social. No se trata, no obstante, de una cuestión que pueda resolverse de forma unilateral, sino más bien al contrario, pues se requiere una implicación de todas las administraciones públicas.
Ayuntamientos, cabildos, gobierno autonómico y ejecutivo nacional deben unir esfuerzos para ofrecer garantías a los necesitados, que tan sólo si atendemos a las peticiones formuladas por los mayores de La Gomera, un territorio pequeño en el que la población apenas supera los 22.500 habitantes, suman más de 300 personas, a las que además habría que añadir los menores en situación de riesgo o exclusión social, o los que sufren algún tipo de discapacidad.
La sociedad ha cambiado y lo que hasta hace pocos años era lo habitual hoy se ha convertido en la excepción; la mujer se ha incorporado de pleno al mercado laboral, y este cambio sin duda nos ha permitido avanzar hacia una sociedad más justa y paritaria, pues entre otras cuestiones ha reforzado el pilar de la autonomía personal, que también ha puesto de manifiesto la urgencia de contar con infraestructuras y servicios que respondan a la nueva organización y garanticen la igualdad de oportunidades.
La Ley de Dependencia, aprobada por el Gobierno de España, es una clara respuesta que también encontramos en el plano local, pues es posible afirmar que el Cabildo de La Gomera ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias suelo, proyectos e infraestructuras para construir o habilitar centros de mayores. Y es clave también la sensibilidad del Ejecutivo regional, que permitirá sacar adelante el Plan Insular de Centros, en el que se incluye la cesión insular de terreno para construir una residencia en San Sebastián, junto al futuro hospital; la compra de suelo que hemos efectuado en Agulo y Vallehermoso; el futuro centro de Valle Gran Rey, o la propuesta para la reconversión del actual hospital Nuestra Señora de Guadalupe.
No podemos olvidar que las competencias de asuntos sociales corresponden a la Comunidad Autónoma, responsable, por tanto, no sólo de los temas de mayores, sino también de los referidos menores y discapacitados, a los que damos respuesta en La Gomera con un centro para chicos nacionales que ha sido cedido por el Ayuntamiento de Vallehermoso y es gestionado por el Cabildo, tras haberlo rehabilitado; otro hogar para jóvenes extranjeros y una residencia de discapacidad.
Además, si volvemos a los mayores, debemos destacar que de forma conjunta Institución insular y Gobierno canario construyen una nueva residencia en Alajeró y se colabora en el mantenimiento de las plazas que existen en Hermigua. La acción es, no obstante, insuficiente para cubrir la demanda de toda la población, de ahí que tanto a través de la Comisión de Seguimiento del Plan Sociosanitario, como directamente a la Dirección General de Servicios Sociales, el Cabildo de La Gomera haya planteado la necesidad de contar con más plazas de mayores e incluir los centros municipales actuales -San Sebastián, Hermigua y Vallehermoso- en el referido Plan, de forma que puedan contar con una financiación adecuada.
Apostamos, asimismo, por una ampliación de esta importante herramienta, pues el Plan Sociosanitario de Canarias está paralizado desde hace más de tres años y, además de los planteamientos de colaboración señalados, nos hemos propuesto modernizar y agilizar la gestión de los centros públicos insulares con un nuevo modelo de funcionamiento en el que estamos trabajando y que permitiría al Cabildo mantener la titularidad de los centros y también la toma de decisiones sobre el ingreso de los usuarios, así como las cuotas que corresponde pagar a cada uno de ellos.
La Corporación insular se reservará también el control y las inspecciones de calidad de los servicios en cuanto a la atención de los usuarios, la alimentación, la educación, la rehabilitación o la asistencia sanitaria, dando así un paso más hacia la obligada respuesta social, que de forma inapelable exige más inversión y un tratamiento igualitario para toda Canarias.
* Presidente del Cabildo de La Gomera
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