El Archipiélago dará prioridad a recolocar trabajadores que hayan agotado el paro

JORGE RODRÍGUEZ, consejero de Empleo del Gobierno de Canarias./ el día

JOSUÉ GARCÍA, S/C de Tfe.

Los 18.000 nuevos empleos que se ha marcado como objetivo el Servicio Canario de Empleo (SCE) este año se enfocarán hacia los parados que pertenezcan a familias sin ningún ingreso y hayan agotado ya sus prestaciones y subsidios por desempleo. Así lo comunicó a EL DÍA el consejero autonómico del área, Jorge Rodríguez, que argumenta que el Gobierno de Canarias se ha adelantado a otras comunidades en sus planes de "rescate" de los ciudadanos con más dificultades. Para los sindicatos, no obstante, los esfuerzos del SCE, aunque bien orientados, son insuficientes porque su "capacidad de intermediación" abarca sólo el 2% del mercado laboral canario.

Rodríguez respondía así a las iniciativas de otras autonomías como Cataluña, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, que, según el secretario de Formación Sindical y Formación para el Empleo de UGT-Canarias, Antonio Martín, están atendiendo a los parados que ya no reciben ningún subsidio "de forma más contundente" que las Islas. Para el consejero, estas autonomías "en todo caso, están imitando lo que ya ha hecho el Gobierno canario, que el año pasado consiguió trabajo por un mínimo de seis meses a 15.613 personas que luego pudieron seguir recibiendo prestaciones".

Éste es precisamente el objetivo de, por ejemplo, el último plan presentado, el castellano-manchego: reducir el número de trabajadores que se han quedado sin protección, que, según el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, suman 300.000 en el conjunto de España. De ellos, unos 25.000 ó 30.000 residen en el Archipiélago, de acuerdo con el cálculo de CCOO-Canarias, o incluso 49.000, apunta UGT, que aclara que ahí pueden estar incluidos quienes buscan su primer empleo.

En cualquier caso, "datos fiables no se tienen", puntualiza el secretario de Economía y Políticas Sectoriales de CCOO-Canarias, Carmelo Jorge Delgado, quien explica que el cálculo del sindicato "se hace en función de la población activa y teniendo en cuenta que nuestros mecanismos de protección social, por el elevado índice de eventualidad que hay en Canarias, son más cortos".

Además, señala que dentro de los 25.000 trabajadores sin cobertura "una parte considerable puede acceder a las rentas de inserción laboral de los ayuntamientos", que impiden que la situación sea "insostenible", pese a que ya hay casi 240.000 parados en las Islas. Al respecto, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), considera que "sería deseable" que el Gobierno autónomo dotase "suficientemente" esta prestación, que -recuerda- se implantó a través de la concertación social, "de forma coyuntural".

Delgado añade que el atascamiento de la economía puede provocar que a finales de este año se queden sin protección unos 150.000 canarios, por lo que apela, más que a una cuestión de "solidaridad social, que debería ser suficiente", al "interés económico", dado que una pérdida del poder adquisitivo global de esa magnitud generará más paro en una región tan dependiente del consumo interno. "Hay que dar soluciones a esas situaciones de exclusión social y malestar colectivo con un impulso al diálogo social", apostilla el representante de UGT.

El consejero, por su parte, detalla que en las convocatorias del SCE previstas para este año "no sólo queremos dar los seis meses mínimos de empleo, sino, además, formación para que sus beneficiarios mejoren su empleabilidad y puedan ser contratados después por el sector privado". Este último aspecto encuentra mayor respaldo sindical; el responsable de CCOO considera que priorizar la contratación de un determinado perfil de desempleado "es, aunque ejemplarizante, poco útil", pero, en cambio, mejorar la competitividad de los canarios "sí es efectivo".

Asimismo, Empleo seguirá aplicando el principio de "rotación y no repetición", recuerda Rodríguez, "para que no sean siempre los mismos los que se enganchan a los planes de empleo, ya que había gente que trabajaba seis meses al año en los planes de empleo, cobraba el paro y luego no tenía interés en incorporarse a una empresa, sino que esperaba a las convocatorias del año siguiente".