El funcionario de prisiones de la cárcel Tenerife II detenido recientemente al estar vinculado con una banda organizada de narcotraficantes ingresó recientemente en el centro penitenciario de máxima seguridad Alcalá-Meco, según informaron las fuentes consultadas por EL DÍA.

El individuo fue capturado por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en el marco de una operación desarrollada a nivel insular contra la distribución de droga.

Los investigadores procedieron a la detención del funcionario después de que certificaran que facilitaba la introducción de sustancias estupefacientes a algunos internos en Tenerife II.

Al parecer, el empleado de la administración llevaba dos años desempeñando su labor en el complejo penitenciario del municipio de El Rosario.

A tenor de los datos recabados por EL DÍA, el implicado en la red de narcotraficantes es un ciudadano peninsular, originario de la comunidad autónoma de Castilla-León, concretamente de Valladolid.

El acusado disponía de una vivienda adosada de cierto lujo en el núcleo costero de El Médano, en el término municipal de Granadilla de Abona.

Como es habitual en estos casos, los profesionales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial llevaron a cabo un registro en el citado domicilio.

El detenido estaba asignado al "Módulo 5" del centro Tenerife II, un espacio en el que permanecen ingresados de forma preventiva algunos de los más conocidos traficantes de droga en el ámbito de la capital tinerfeña y el resto de la Isla.

En algunos ambientes de los funcionarios de prisiones, al citado módulo se le denomina "módulo Añaza". Y es que en las mencionadas dependencias permanecen ingresados, entre otros, los "Gemelos de Añaza" y otro presunto traficante, conocido popularmente como "Moi El Orejas", que tiene una reputada fama de violento en sus trabajos para obtener la droga de otros camellos.

A la semana siguiente del arresto del funcionario, a Tenerife II llegaron otros seis detenidos por los investigadores de la Udyco, después de que fueran puestos a disposición de un juzgado del partido de Güímar. Los siete pertenecían al mismo grupo organizado desmantelado, en el que se incluía un taxista con licencia del municipio de Güímar.