Los ayuntamientos del Norte apoyan la regulación de los guachinches

R. SÁNCHEZ, Pto. de la Cruz

Los ayuntamientos de los 15 municipios del Norte de Tenerife apoyan la regulación de los tradicionales guachinches para conservar la esencia de estas ventas de vino, ofrecer garantías a los consumidores, evitar la competencia desleal y frenar la proliferación de bares y restaurantes ilegales. Los gobiernos norteños apuestan por establecer una normativa específica y mecanismos de control.

La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Valle de La Orotava (Apymevo) y la Asociación de Viticultores de Tenerife (Asviten) firmaron en mayo de 2008 un acuerdo histórico para regularizar la actividad de los guachinches. A punto de cumplirse un año desde que alcanzaran este difícil consenso, las administraciones públicas, y en especial el Cabildo de Tenerife, no terminan de concretar las medidas para sacar a los guachinches de la ilegalidad.

Varios ayuntamientos norteños reconocieron a EL DÍA que se han celebrado reuniones entre el Cabildo y los consistorios para buscar una solución. El edil de Desarrollo Económico de La Orotava, Domingo Acosta, confirmó que para hoy está prevista una reunión de técnicos de los servicios jurídicos insulares y municipales que abordará el encaje legal de las ventas de vino. Acosta cree fundamental que se regulen "por seguridad, por interés sanitario y para ofrecer garantías. La verdad es que hasta la fecha hemos tenido suerte y no ha sucedido nada, pero la situación actual es un riesgo".

El mandatario de Santa Úrsula, Ricardo García (AISU), opina que "los guachinches necesitan una normativa específica que establezca condiciones mínimas". Mariano Pérez, de El Sauzal, lo tiene claro: "Un guachinche sólo debe vender vino, agua y dos o tres comidas caseras". Ignacio Rodríguez, de La Matanza, también ve necesario que se establezcan unos requisitos mínimos de calidad, higiene y control sanitario.

Hermógenes Pérez, alcalde de Tacoronte, opina que los guachinches deben estar regulados y contar con licencia, "ya que despachan alimentos. No se trata de ir en su contra, sino de exigir unos mínimos". El mandatario victoriero, Manuel Correa, le pide al Cabildo que tome medidas y cumpla lo anunciado sobre esta regularización: "Hay que establecer controles para evitar una anarquía". Sin embargo, Correa y otros alcaldes coinciden al pedir flexibilidad ante la actual crisis económica, "ya que mucha gente vive de esto".

El alcalde realejero, Oswaldo Amaro, afirma que, "aunque es un asunto complicado de resolver, apostamos por un mayor control. Hay que pensar en todas las partes, pero sin tolerar la competencia desleal. Por esto, desde el ayuntamiento instaremos al Cabildo a que acelere la regulación".

Los alcaldes de municipios sin mucha tradición de guachinches también apuestan por la regularización. Víctor Lorenzo, de Buenavista, ve positivo que se ponga coto a la competencia desleal y apunta que "una cosa son los guachinches tradicionales y otra algunos trapiches actuales". Como el gobierno portuense, Faustino Alegría (El Tanque), Manuel Reyes (S. J. de la Rambla) y Diego Afonso (Icod), Elena Luis (La Guancha) cree que "hay que buscar fórmulas para que los viticultores puedan vender su vino y debemos establecer una normativa flexible que dé opciones a los guachinches para legalizarse".

Ramón Miranda, alcalde de Garachico, pide que "no se pierda la esencia del guachinche y que no se tolere la existencia de restaurantes disfrazados de guachinches". A su juicio, "hay que regularlo, pero sin inquisiciones". Santiago Martín (Los Silos) cree que lo más difícil se ha conseguido ya, "así que las administraciones deben cumplir ahora su parte".

El acuerdo entre Apymevo y Asviten contemplaba la limitación a un máximo de tres platos; la prohibición de vender postres, bebidas embotelladas o tabaco, y la obligación de que el vino a comercializar en estos establecimientos contara con el registro de Industrias Agrarias y el de embotellador a nombre del titular, con una declaración de cosecha. Además, el convenio planteaba que el Cabildo debería fijar un régimen de cotización y unas obligaciones fiscales. Ambos colectivos también proponían que los guachinches sólo pudieran abrir durante tres meses al año, con una prórroga especial de hasta seis meses.