El Gobierno canario admite fallos en la moratoria que originan las condenas

DOMINGO BERRIEL, consejero canario de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, ayer, en el Parlamento./ m. pisaca

CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.

Si la moratoria se propusiera hoy, "se haría otra cosa distinta", reconoció ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, al valorar la última sentencia que obliga al Ejecutivo de las Islas a indemnizar a una empresa por la paralización de la construcción de cerca de 2.000 camas turísticas.

"El Gobierno autónomo es consciente de que la Ley de Directrices tenía riesgos y, por eso mismo, ahora se cambian determinados postulados en la Ley de Medidas Urgentes", precisó Berriel.

El consejero prefiere no valorar esos planteamientos como "equivocaciones", si bien admitió que, "hoy día, el Ejecutivo autónomo plantearía la norma de otra manera, como en efecto así lo hace en la actualidad al corregir aspectos de la moratoria".

Balance positivo

Con todo, Domingo Berriel defiende la moratoria tal y como fue planteada en su momento.

"Habrá que evaluarla en su conjunto con una perspectiva de más tiempo", explicó. Al hacerlo, "hay que pensar lo que hubiera pasado si no se paralizan las construcciones turísticas en aquel entonces".

Más adelante "se podrá concluir que la Ley de Directrices era perfectible, pero también que fue necesaria y positiva". Para el responsable autonómico, "de no haberse aprobado en su momento, estaríamos peor ahora, en una crisis mucho más profunda", aseguró.

Por ese motivo, "se optó entonces por incluir determinado articulado que nos pareció arriesgado", matizó Berriel.

En todo caso, "los tribunales han desestimado las peticiones de los demandantes en algunos casos, mientras que en otros las acuerdan", indicó.

Berriel aseguró que la Ley de Medidas Urgentes "corrige esos aspectos de la moratoria y pretende evitar el pago de cuantiosas indemnizaciones" en el futuro.

En relación a esta última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a favor de la empresa Dehesa de Jandía, el consejero aclaró que "no se fija la cuantía de la indemnización".

El fallo del TSJC acuerda el pago a la parte afectada de la misma cantidad que solicita, que es algo más de 41,5 millones de euros, "más lo que resulte de las inversiones realizadas a la fecha de pago y con las modulaciones que resulten en las valoraciones que se realicen en periodo probatorio".

"El TSJC reconoce cierto derecho al demandante y establece que, en ejecución de sentencia, se determinará la cuantía adecuada al derecho reconocido", puntualizó.

Dehesa de Jandía era propietaria de más de 99.000 metros cuadrado de suelo y contaba con una licencia para construir 1.980 camas turísticas, pero tras la aprobación de la moratoria, en 2001, quedó imposibilitada de conseguir la autorización previa y la licencia de edificación para desarrollar la parcela. La empresa, que paralizó el proyecto, quedó en cambio obligada a concluir las obras de adecentamiento de la zona.

"El Gobierno canario recurrirá en casación esta sentencia", aseguró Berriel, "sin perjuicio de extraer elementos" del fallo.

La Comunidad autónoma "ha ganado más sentencias en relación a la moratoria de las que ha perdido", recordó. "En ocasiones pasadas, entendimos que había elementos suficientes para recurrir esas sentencias, y ahora también creemos que podemos hacerlo ante el TSJC", manifestó.