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CARLOS ACOSTA, S/C de Tfe.
El Grupo Socialista presentó en el Parlamento una Proposición No de Ley (PNL) que busca obligar a la Administración autonómica a abrir de oficio un expediente de responsabilidad patrimonial a fin de que indemnice a las familias de las víctimas y otros afectados de la tragedia de la galería de Piedra de los Cochinos, en Los Silos, Tenerife.
La diputada del Partido Socialista Canario (PSC), Gloria Gutiérrez, autora de la iniciativa, espera que sea debatida entre este mes y el próximo en la Cámara regional.
Este periódico adelantó el mes pasado que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife considera que no hay indicios de delito ni responsabilidad penal en la tragedia, por lo que esta vía terminó en archivo.
En cambio, el PSC entiende que la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno canario tiene responsabilidad patrimonial "con independencia de la civil que emprendan las familias". Para Gutiérrez, la Consejería debe asumir responsabilidad patrimonial "porque la competencia en esta materia es del Ejecutivo autónomo, que no la ha legislado en lo absoluto y, en ausencia de una normativa específica, la comunidad autónoma debe aplicar la ley estatal".
Gutiérrez apuntó que este planteamiento ha sido reconocido por el Cabildo de Tenerife, para quien las competencias de custodia y vigilancia del cumplimiento de esta obligación "corresponde a la Consejería, porque es obvio que son los propietarios quienes deben precintar las galerías, pero es ese departamento autonómico el que debe vigilar que se lleve a cabo".
La diputada socialista subrayó que el Gobierno de las Islas no ha ampliado el presupuesto para las inspecciones. "Nadie vigila que las medidas de seguridad se cumplan".
De ser aprobada, el Ejecutivo autónomo quedará obligado a acatar esta PNL, "si bien es cierto que esta Administración se ha caracterizado por no hacer caso alguno al Parlamento". Por este motivo, "el PSC hará un seguimiento de su aplicación y denunciaremos su eventual incumplimiento a través de los medios de comunicación para hacer saber a las familias de las víctimas que pueden iniciar las acciones que les competan".
La iniciativa no incluye criterios para establecer la cuantía de las indemnizaciones. Gutiérrez apuntó que la fijación de su montante deberá seguir los criterios marcados por la jurisprudencia y que, al depender de las circunstancias de cada caso, serán distinto para todos los afectados.
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