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El Gobierno pospone la apertura de los registros civiles por la tarde hasta junio

Aunque el preacuerdo entre la Consejería de Justicia y los sindicatos se alcanzó el 18 de diciembre, el consejero, José Miguel Ruano, aún no lo ha elevado al Consejo de Gobierno y no será hasta antes de junio cuando entre en vigor, pese a que el compromiso era que se empezara con el nuevo horario el 1 de enero.
15/abr/09 07:30
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LAS COLAS A LA PUERTA DE LOS REGISTROS CIVILES SE DAN FRECUENTEMENTE, por lo que los sindicatos propusieron que abrieran por la tarde./ el día
LAS COLAS A LA PUERTA DE LOS REGISTROS CIVILES SE DAN FRECUENTEMENTE, por lo que los sindicatos propusieron que abrieran por la tarde./ el día

G. MAESTRE, S/C de Tenerife

Pese a que el compromiso adquirido por el Gobierno de Canarias fue que todos los registros civiles del Archipiélago abrirían en horario de tarde a partir del 1 de enero de este año, cuatro meses más tarde la cuestión está paralizada a falta de que el consejero de Justicia, José Miguel Ruano, eleve al Consejo de Gobierno el preacuerdo alcanzado con los sindicatos para que sea aprobado y sea firme.

La consejería trabaja con el objetivo de solucionar este asunto antes de que termine el mes de junio, si bien desconoce cuándo se aprobará definitivamente el acuerdo alcanzado con las fuerzas sindicales el pasado 18 de diciembre.

Según dijo la propia directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Dolores Alonso, durante la última reunión mantenida con los representantes sindicales, "hasta ahora no ha habido oportunidad de que el consejero, José Miguel Ruano, eleve el preacuerdo al Consejo de Gobierno para que sea aprobado definitivamente".

Ha sido el propio Ruano el que en todas sus comparecencias parlamentarias, bien plenarias, bien en comisión, ha defendido las bondades de este acuerdo, "ya que estamos trabajando con el ánimo de prestar un mejor servicio y mejorar la calidad de la administración de Justicia en Canarias".

Sin embargo, a los representantes sindicales no les concuerda que el responsable de Justicia aluda constantemente a los beneficios de este acuerdo "cuando es precisamente él quien no lo ha elevado al Consejo de Gobierno y tiene paralizada la Justicia en Canarias desde hace meses".

Concretamente, el portavoz del sindicato CSI-CSIF, Mario Sicilia, recuerda que "la previsión del preacuerdo era que independientemente de cuándo se aprobara, sus efectos tendrían validez desde el 1 de enero de 2009, y para eso la consejería tendría que ir dando la orden de que los registros se fueran organizando para los nuevos horarios y se determinara qué personal está dispuesto a trabajar en horario de tarde de manera voluntaria a cambio de unos complementos económicos".

Hasta la fecha, este proceso aún no ha comenzado, puesto que la consejería primero esperará a que el documento sea aprobado formalmente y luego iniciará el proceso, aunque confían en que esté culminado y empiece a funcionar el nuevo sistema de trabajo antes de que termine junio.

"Nosotros sabemos que el trabajo que hay que hacer es complicado, porque hay que estudiar al detalle la situación de cada registro civil y determinar cuántos funcionarios están dispuestos a realizar estas horas extraordinarias, y no sólo serán los funcionarios de los propios registros civiles, sino también de los juzgados a los que están adscritos los registros. Sin embargo, ya han pasado más de cuatro meses desde que se tomó el acuerdo y no ha habido ningún tipo de avance, y eso no puede ser", explica Sicilia, antes de recordar que "si todo va bien, confiamos en que la comisión de trabajo destinada a aclarar todos estos puntos se cree dentro de unos días y se pueda comenzar a trabajar ya".

Por su parte, el portavoz de UGT insistió en que "lo que estamos pidiendo es sólo que se cumpla lo que hemos acordado, porque ha sido una propuesta aprobada por todas las asambleas de trabajadores de las Islas. El hecho de que no se haya elevado aún al Consejo de Gobierno a nosotros nos da que pensar, incluso si no tendrá que ver con algún tipo de condicionante político, pero en cualquier caso demuestra la poca celeridad que el Gobierno tiene en lo que a las cuestiones de Justicia se refiere, y eso que deberían ser tratadas de forma prioritaria".

Por una vez el problema no parece radicar en los costes económicos, ya que, según los sindicatos, "los fondos para llevar a cabo los puntos que recoge el acuerdo están previstos, ya que incluso existe un informe de viabilidad que los autoriza".

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