EL DÍA, S/C de Tenerife
La asociación Justicia y Sociedad, quien denunciara el "caso García Cabrera" ante la Fiscalía Anticorrupción contra los responsables municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz, por presunta prevaricación y malversación, ha informado que las diligencias preliminares "van a pasar a la Fiscalía Superior de Canarias, por cuanto que uno de los denunciados, el alcalde, es diputado y, por tanto, aforado".
Para la organización de juristas esta notificación "pudiera ser el paso previo para la presentación de una denuncia por parte de la Fiscalía ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias", órgano competente.
Para esta organización, el hecho de que se haya prorrogado el plazo legal de seis meses que establece la ley, por el Fiscal General del Estado, es interpretado como el paso previo para presentar denuncia, pues consideran que lo contrario sería la notificación del archivo de las diligencias.
Por ello, consideran que se remitan al fiscal superior de Canarias "nos hace pensar, con todas las cautelas, que es el paso previo para ejercitar por parte de la Fiscalía la correspondiente acción penal contra Miguel Zerolo y los responsables políticos del ayuntamiento de Santa Cruz que tomaron los acuerdos que finalmente condujeron a la adjudicación de estas obras".
Estas actuaciones en el antiguo Instituto Hermanos García Cabrera "empezaron como obras menores, para la rehabilitación del edificio, por valor de unos 300.000 euros, y al final acabaron convirtiéndose en unas obras de más de cinco millones de euros".
Este colectivo señala, además, que "no se siguió el procedimiento legalmente establecido, como es el convocar un concurso en el que las empresas interesadas pudieran, en igualdad de condiciones, presentar sus ofertas".
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