Posible colaboración de dos abogados y un periodista con narcotraficantes

EFE, Barcelona

Dos abogados y un periodista colaboraron presuntamente con la "banda del puerto" en una estrategia encaminada a desacreditar la investigación sobre el robo de 400 kilos de cocaína, mediante informaciones y denuncias contra los mandos de la Guardia Civil que dirigían las pesquisas. Por su presunta implicación en esta trama, que investiga un juzgado de Martorell (Barcelona) desde el año 2005, cuando ocurrió la sustracción de la droga, están imputados una decena de delincuentes comunes -varios de ellos ex confidentes policiales-, diez guardias civiles, entre ellos un teniente coronel, dos ex policías nacionales, otros dos abogados y un periodista.

En el sumario de la causa se revela que la organización puso en marcha una estrategia para presentar a los investigadores como "corruptos" en los medios de comunicación y desprestigiar así su posible declaración judicial en contra del grupo, bajo la consigna "ni unos somos tan malos ni otros son tan buenos". Con ese fin, utilizaron al periodista F.G., que trabajaba en la edición catalana de El Mundo -de donde fue despedido tras ser imputado y quedar en libertad bajo fianza de 18.000 euros-, para que publicara noticias que servirían a los abogados para presentar querellas contra los investigadores.

En el sumario se apuntan indicios de una presunta "asociación ilícita" integrada por los imputados encarcelados, entre ellos el jefe de los narcotraficantes y el líder de la trama policial, que a través de un intermediario mantenían contactos con el periodista y los abogados. Con ello pretendían "obstaculizar la buena marcha de la investigación", valiéndose de "métodos poco ortodoxos", como "difundir a través de los medios de comunicación noticias malintencionadas, tergiversando de manera interesada unos determinados hechos, todo ello con la finalidad de continuar en la impunidad y persistir en sus actividades delictivas". La estrategia fue descubierta a raíz de las escuchas telefónicas a que fueron sometidos los sospechosos, que se comunicaban con ellos incluso desde prisión, pese a que el uso de móviles está prohibido en los centros penitenciarios. Además de por esas escuchas telefónicas, el periodista fue implicado en la causa por Soledad R.M., esposa de un condenado por asesinato que denunció a la Guardia Civil que el informador la había estafado, al aceptar dinero suyo con el compromiso de publicar noticias para demostrar la inocencia de su marido que nunca llegó a escribir.