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ÁLVARO MORALES, Pto. Cruz
La presidenta de la plataforma vecinal en contra del anillo insular y a favor de otras alternativas, Alejandra Pérez, anunció ayer a EL DÍA que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que, en virtud de su reciente sentencia que anula el decreto regional de ocupación forzosa de terrenos para la creación de la vía, no sólo se paralicen las actuaciones en las fincas privadas, sino también en el suelo público.
Pérez se concentró ayer, junto a otros 40 miembros de su entidad, afectados y simpatizantes, por fuera del edificio de Usos Múltiples del Gobierno autónomo en Santa Cruz en una nueva acción de la campaña de protestas y concienciación desplegada desde hace años por los opositores. En declaraciones a EL DÍA, se mostró confiada en que el TSJC respalde sus argumentos para paralizar todos los trabajos, si bien la Consejería de Obras Públicas mantiene y hasta ha aumentado el ritmo de las actuaciones en suelo público porque sostiene que la sentencia se lo permite desde el momento en que presentó recurso ante el Supremo, apelación que también confía en que le sea apoyada para no obstaculizar más una vía que considera clave para el desarrollo de la Isla.
Además, Medio Ambiente ha presentado recientemente en Bruselas un nuevo informe de impacto ecológico del anillo para intentar evitar que la fracción en cuatro partes del inicial pueda ser entendida como irregular y dificultar aún más el proyecto económicamente, tal y como les insinuó el comisario de Medio Ambiente de la UE a los críticos con la iniciativa.
Como informamos ayer, los operarios trabajan con gran intensidad en zonas como La Vega (Icod) o Genovés (Garachico). Por eso, los opositores insistieron ayer en Santa Cruz en los perjuicios para el medio y las tradiciones de la zona alta que supondrá la vía, que entienden innecesaria, un gasto desmesurado de dinero y un daño a los valores naturales de consecuencias incalculables.
Los críticos también llaman la atención sobre el hecho de que, según Pérez, representantes de la empresa que construye la vía están buscando casas de turismo rural por zonas como El Amparo (Icod) "para hospedar a trabajadores de la Península, tal y como le ha pasado a una de nuestras compañeras, que posee viviendas para alquilar". A su juicio, "se demuestra así que nos están engañando y dividiendo con el argumento de que se creará trabajo para canarios". También cree cínico que se use el turismo rural para "destrozar luego el paisaje".
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