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EFE, Montevideo
El juez penal uruguayo Luis Charles ha hecho públicas las sentencias a los ocho ex oficiales por su responsabilidad en la muerte de 28 personas en el marco del "Plan Cóndor", orquestado en los años 70 por las dictaduras del Cono Sur para secuestrar, torturar y, en muchas ocasiones, asesinar a opositores políticos.
Esta es la primera condena en primera instancia dictada en Uruguay en un caso de violación de derechos humanos derivado de la represión dictatorial.
Los ocho condenados fueron procesados y encarcelados en septiembre de 2006 por los hechos ocurridos en 1976, tres años después que se impusiera en Uruguay la dictadura.
Se trata de los ex militares José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez, que recibieron penas de 25 años de prisión por 28 delitos de "homicidio muy especialmente agravados".
El también ex militar Luis Maurente y los ex policías Ricardo Medina y José Sande Lima fueron condenados a 20 años por el mismo delito, aunque en este caso se aplicó una reducción por la participación menor en los hechos, que se refieren a la desaparición y muerte de disidentes políticos uruguayos que se habían refugiado en Buenos Aires y que fueron eliminados allí o trasladados a la fuerza a Montevideo por efectivos militares y policiales.
En la resolución se desestimó el cargo de "desaparición forzada" reclamado por la fiscal del caso, Mirtha Guianze, especializada en las violaciones de derechos humanos ocurridos durante la dictadura, y centró su sentencia en el delito de "homicidio muy especialmente agravado".
Los condenados actuaron "siempre dentro de la más absoluta clandestinidad, valiéndose de la superioridad de la fuerza y sin ningún apego al orden jurídico", señala el acta.
La sentencia subraya la actuación de los reos dentro de los parámetros del "Plan Cóndor", que sembró de terror durante los años 70 en los países en los que sus comandos y agentes desempeñaron su macabra acción con el beneplácito de los gobiernos dictatoriales en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
La defensa de los condenados indicó que apelará la resolución judicial, lo mismo que hará la fiscal del caso para que en la sentencia se incluya el delito de "desaparición forzada".
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