Una gota en un mar de crisis

NACHO MARTÍN, S/C de Tfe.

Apenas unos días después de que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se subiera a la tribuna de oradores para anunciar un paquete de diez medidas contra la crisis, algunas de ellas nuevas y otras esbozadas con anterioridad, casi nadie duda de la idoneidad de dichas políticas. Al menos entre aquellos directamente aludidos por ellas: empresarios, sindicatos y expertos. Las dudas de estos grupos se refieren principalmente al margen real de maniobra de la Comunidad autónoma para influir en una crisis internacional, la falta de ambición de las medidas o los efectos perversos que éstas puedan tener.

A la hora de realizar este reportaje han sido consultadas fuentes sindicales, la patronal hotelera de la provincia occidental, su Cámara de Comercio, la patronal de la construcción, organizaciones sociales como Cáritas y fuentes de las propias entidades financieras, que han analizado una a una las propuestas de Rivero.

Avales para las pymes.- Las fuentes del sector financiero coinciden en resaltar que se trata de una medida "muy positiva" que será capaz de reactivar el crédito, la renovación o ampliación de las pólizas con las que trabajan las empresas. "No es que no estemos dando dinero -explican-, lo que ocurre es que somos más rigurosos. Si restringimos o recortamos las pólizas de seguros es porque las pymes tienen menos actividad, pero sin duda el aval del Gobierno facilitará las cosas y es una medida más positiva para nosotros que la compra de activos", añaden.

Para José Miguel González, de CCOO, efectivamente esta política ayudará a que "los pagos de las empresas no se paralicen". No obstante, introduce varias reservas. La primera es que considera que, hasta el momento, muchas empresas no han tenido problemas de liquidez a la hora de "pagar indemnizaciones por despido" y teme que esta medida ponga aún más fáciles las cosas a esta manera de actuar. Por otro lado, considera que las empresas solventes y que funcionan de una forma efectiva no tienen problemas para lograr créditos, por lo que los avales podrían ir a aquellas que no han hecho los deberes convenientemente, lo que "acabaría socializando el problema", de tal forma que sean los contribuyentes los que acaben pagando la falta de pagos de dichas entidades.

Los asesores financieros y los empresarios ven las cosas de otra manera. El director gerente de la patronal tinerfeña de la construcción, Fepeco, Óscar Izquierdo, considera "valiente" el anuncio realizado por Rivero. "Llevamos un año en el que la financiación ha sido cero para las empresas", asegura, para añadir que "necesitamos financiación para poder trabajar y mantener las plantillas". No obstante, cree que "toda cantidad será poca" y que "es un apoyo, pero no la solución, ya que estamos ante una crisis de todo un sistema". En la misma línea, el director de la Cámara de Comercio provincial, Vicente Dorta, apunta a que uno de los principales problemas que han tenido las empresas hasta el momento ha sido que las entidades financieras "han cortado el crédito" y asegura que una empresa "puede ser solvente y tener necesidad de financiación. Todas las herramientas de este tipo son positivas". Como asesor financiero, el director territorial de Renta 4, Francisco Torres, explica que "150 millones de euros en avales es dinero, sin duda", si bien se muestra contrario a que el Gobierno de Canarias "tenga que dar avales porque el problema es que se va a dar a quienes lo han hecho regular. No es función de la Administración dar avales", insiste.

Garantía de pago por adelantado.- Si el presidente del Gobierno aseguraba el lunes en el Parlamento que generalizaría en la Administración lo que se denomina "toma de razón", lo que permitiría a sus acreedores cobrar de manera inmediata con la garantía de la Comunidad autónoma, los expertos consultados coinciden en que sería necesario extender la medida a ayuntamientos y cabildos.

Para Francisco Torres se trata de una de las medidas más importantes anunciadas por Rivero. "El primer consumidor es la propia Administración, pero el problema no está en el Gobierno de turno, sino en los ayuntamientos, que son los que están ahogando a las empresas", explica. José Miguel González coincide con esta opinión y asegura que es en las entidades locales, tanto ayuntamientos como cabildos, "donde están los verdaderos problemas y son los que contratan con pequeños empresarios". Vicente Dorta se suma a los que defienden esta tesis. "Son sobre todo las pymes las que sufren este problema con los ayuntamientos". Los municipios, por su parte, se defienden.

El vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios, José Gumersindo García, alcalde de Candelaria, asegura que dicha "toma de razón" ya se utiliza. "Hay ayuntamientos que son mejores pagadores que otros, pero lo cierto es que se trata de una figura perfectamente definida y, de hecho, el propio Fondo Canario de Financiación Municipal lo establece como uno de los criterios que exige a los municipios. Estamos en unos plazos que oscilan entre los 30 y los 90 días para pagar", defiende.

Las fuentes financieras consultadas afirman que si el Gobierno se compromete a pagar "nosotros tendremos la garantía de que vamos a cobrar. Se trata de algo muy oportuno, pero habría que extenderlo a ayuntamientos y cabildos", si bien admite que entre estos últimos algunos ya lo hacen, "pero no de forma generalizada, que es lo que haría falta".

Alquiler de viviendas.- El Gobierno hizo el anuncio de que alquilará 2.000 viviendas que los promotores no hayan podido vender hasta el momento para ponerlas a disposición de familias con escasos recursos, que sólo tendrían que pagar 30 euros al mes. Desde Fepeco, Óscar Izquierdo cree que es una "salida importante" y defiende la conversión de éstas en VPO, una política que el Ejecutivo contempla y que se utiliza desde hace tiempo. Sin embargo, cree que se trata de una ayuda "coyuntural, para un tiempo determinado", pero que no soluciona los excesos de viviendas que tienen los promotores paralizadas.

Por su parte, José Miguel González considera que sería más oportuno que "las ayudas a los promotores se dirigieran hacia aquellas promociones que aún están en construcción para garantizar el empleo" y, pese a admitir el carácter social que la medida puede tener para aliviar las listas de personas que esperan por acceder a una vivienda protegida, "hay que vigilar estrechamente a qué empresas se le conceden estas políticas porque hay empresas que están en mejor situación que otras, a las que les hace más falta", a lo que añade que "hay que establecer primero un mapa territorial de necesidades para que esas viviendas lleguen a todo el territorio según el número de demandantes y de necesidades".

Para el vicepresidente de la Fecam se trata de una medida insuficiente. "Son 30.000 familias las que tienen esta necesidad. Con 2.000 viviendas ayudamos, de acuerdo, pero es una medida con una caducidad de dos años. ¿Qué vamos a hacer después con familias que están acostumbradas a pagar 50 euros (los 300 restantes los pondría el Ejecutivo) por su alquiler?", se pregunta.

Francisco Torres considera positivo que se ayude a las familias con necesidades, pero advierte de que parte de las empresas beneficiarias "están en una mala situación porque lo han hecho mal y encima el Gobierno les pone dinero y subvenciones. ¿Es que ellos no van a hacer nada?", cuestiona, y pide explicaciones acerca de cómo se van a gestionar esas viviendas.

Ayudas de emergencia.- El Gobierno aumenta a 5,4 millones de euros el dinero que pondrá a disposición de los ayuntamientos para ayudar a quienes lo necesiten a pagar sus necesidades básicas, como el agua, el suministro eléctrico o el alquiler. El subdirector de Cáritas Diocesana de Tenerife, José María Rivero, considera que "probablemente se trata de una línea que abre el Ejecutivo con vistas a aumentarla posteriormente porque va a hacer falta más dinero", advierte. "Con una tasa de paro que puede alcanzar el 30% a finales de año y entre 80.000 y 100.000 canarios que se van a quedar sin prestación por desempleo, hará falta más".

De la misma opinión es José Miguel González, quien asegura que "ya en este momento el nivel de necesidades es mayor de esa cantidad y lo será aún más. Necesitamos saber cuál es el tope presupuestario con el que cuenta el Gobierno", afirma. Desde la Fecam, José Gumersindo García dice que "nos ayuda, pero no cubre nuestras necesidades. Estamos desbordados -añade- porque la gente no acude al Gobierno o al Cabildo, sino a los ayuntamientos". "Nosotros mismos estamos ampliando las partidas y buscando alternativas". "En cualquier caso, echo en falta medidas que ayuden a reactivar la economía, cambiar subsidios por salarios", asegura.

Subvenciones en la Seguridad Social.- El Gobierno propuso tres medidas por las que subvencionará una parte de la cuota de la Seguridad Social a las empresas que contraten a personas en prácticas, que amplíen sus plantillas con trabajadores a tiempo parcial o a los autónomos durante el primer año de actividad. Para Francisco Torres, lo que hace falta es reformar el mercado laboral, una mayor flexibilidad, por lo que comparte las ayudas en el caso de contratos a tiempo parcial. Cree que si las empresas no contratan no es por falta de actividad, salvo en el sector de la construcción, sino por falta de confianza. José Miguel González explica que esa política ya la aplica el Servicio Canario de Empleo y cree que habría que introducir mejoras a las propuestas, como la de introducir un mecanismo por el cual los beneficiarios devolvieran posteriormente, cuando acabe la crisis, el dinero que los contribuyentes han aportado.

Más escéptico se muestra el director gerente de la patronal de la construcción. Para Óscar Izquierdo, el verdadero problema es que "en estos momentos no hay actividad y por eso las empresas no contratan. La actividad ha caído de una forma espectacular, por lo que su repercusión en la creación de empleo será mínima". "Nadie ha inventado otra cosa para salir de una crisis que mediante el fomento de la actividad en la construcción", asegura. Vicente Dorta considera "interesante" la medida, pero se pregunta si el problema real no será que "los costes de la Seguridad Social son demasiado elevados" y considera que la efectividad habrá que medirla posteriormente.

Planta alojativa obsoleta.- La medida del Ejecutivo pasa por subvencionar una parte de los tipos de interés de la línea de financiación que el Instituto de Crédito Oficial ofrece para renovar la planta alojativa. Tanto los asesores consultados como los representantes de las patronales creen que su efecto será pequeño porque los intereses que aplica el ICO son ya de por sí pequeños. No obstante, José Fernando Cabrera, presidente de la patronal hotelera Ashotel, cree que el Estado debe dar un paso al frente y crear una línea del ICO para la renovación completa y no para reformas que no superen 600.000 euros, como hasta ahora.

Ayudas agrícolas.- El Gobierno se compromete a subvencionar parte del aumento de las ayudas que España ha solicitado a la Unión Europea. El más crítico al respecto es Francisco Torres, quien considera que las ayudas recibidas, hasta el momento, no han servido para hacer más competitivo al sector. "Esas ayudas no fomentan la competitividad, sino todo lo contrario", asegura.

Desgravaciones a parados.- José Miguel González cree que la deducción debería ser modulable según el nivel de renta percibido por el desempleado antes de ser despedido porque "no a todo el mundo hay que tratarlo de la misma manera", explica.