El único radar de la Isla pone más de 1.000 multas al mes

EL APARATO INSTALADO EN LA RECTA DE PADRÓN lidera la lista de los radares que más multan en Canarias./ M.CH.

M.CH., El Paso

A mediados del pasado año, la Dirección General de Tráfico (DGT) instaló el primer y único radar fijo activo en la Isla, en un punto estratégico de la carretera LP-3, por la Cumbre, desde Santa Cruz de La Palma a Los Llanos de Aridane, la principal arteria de La Palma con 15.000 coches que se desplazan en ambos sentidos a lo largo del día. En sólo unos meses, el aparato que vigila la velocidad en la conocida como recta de Padrón, de El Paso, ha pasado a encabezar la lista de los radares que más multas ponen en Canarias.

La cifra que maneja la DGT, y que se ha facilitado con cierto recelo, es de más de 1.000 expedientes sancionadores al mes, un nivel de infracciones muy superior al que se registra en el resto de radares instalados en toda Canarias bajo la tutela del organismo dependiente del Gobierno central. Como ejemplo comparativo, en la Isla de Lanzarote se instalaron al mismo tiempo otros dos radares que en los tres primeros meses acumularon un total de 1.000 sanciones entre ambos, algo más de 150 al mes cada uno.

En el caso de La Palma se registra una media de 30 a 50 sanciones diarias en la vía de mayor tránsito de vehículos de la Isla, precisamente en uno de los puntos negros de la red de carreteras palmeras. Y eso a pesar de que la existencia de este radar está, como marca la legislación, señalizada con indicadores verticales en los dos sentidos del tráfico.

1,5 millones al año

Además de la retirada de los puntos correspondientes a cada tramo de velocidad sobrepasado, las sanciones económicas impuestas por superar los límites de velocidad en esta vía suponen, a una media de 100 euros por multa (correspondiente a la sanción que implica sobrepasar en 20 kilómetros por hora el límite de 61 kilómetros aceptado por el aparato), una recaudación mensual de casi 150.000 euros, lo que al cabo de su primer año de funcionamiento, de mantener el ritmo de expedientes incoados hasta ahora, ascenderá a casi dos millones de euros.

La cifra es "desproporcionada", tal y como reconoce el director insular de la Administración General del Estado en La Palma, Alejandro Brito, pero eso no significa, aclaró, "que se haya colocado ahí con un afán recaudatorio. Al contrario, los datos demuestran su necesidad y justifican la presencia del aparato en este punto, teniendo en cuanta que se trata de un cambio de rasante y un espacio de interés turístico de gran afluencia de vehículos, como es el Centro de Visitantes de la Caldera de Taburiente".

En cualquier caso, añadió, "se esperaba que la puesta en marcha de esta medida sirviese para que la velocidad media de tránsito por la vía disminuyese, pero está claro que la gente no se ha acostumbrado y que influye especialmente en los coches de alquiler que se mueven por la Isla".