G. MAESTRE, S/C de Tenerife
Si los plazos con los que trabaja el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias se cumplen antes de que termine el mes de abril, la polémica abierta entre el Ejecutivo autónomo y los cabildos por las competencias de los parques nacionales llegará a su punto más alto, puesto que para esa fecha está previsto que la gestión pase a ser exclusivamente autonómica. "Los cabildos dicen que las competencias les corresponden basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional, pero realmente esa sentencia no dice eso, sino que deben ser las comunidades autónomas las que tengan la gestión, y en ese sentido está trabajando el Gobierno de Canarias", explica el secretario general de la Presidencia, Fernando Ríos, que aclara que "obviamente, los cabildos tienen mucho que decir y que aportar en esta materia, y para ello se está estudiando el modelo de participación más adecuado, que puede ser a través de un consorcio o de un nuevo ente en el que también tendrían cabida los ayuntamientos".
Sin embargo, Fernando Ríos asegura que "no buscamos entrar en ninguna polémica, porque entendemos las peticiones de los cabildos y que hayan aprobado en la Fecai que la gestión debe ser insular, pero también ellos saben que ese acuerdo es sólo político y que no tiene ningún valor jurídico o que vincule al Gobierno. Realmente es más una declaración de intenciones que otra cosa".
Estas afirmaciones hechas por Ríos chocan con las palabras del principal promotor de la idea de que los parques nacionales deben estar gestionados por las instituciones insulares, el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, que asegura que "hay una sentencia que no arroja dudas y que garantiza a los cabildos que deben ser ellos los que lleven el control de estos espacios, porque alude a que serán los gestores los que tengan las competencias en esos espacios protegidos. Además, y poniendo el ejemplo del Teide, no parecería sensato que toda la corona forestal que lo rodea fuera competencia insular y sin embargo el Teide no".
Otro aspecto que los presidentes insulares destacaron durante la última reunión de la Fecai para justificar su postura es que actualmente son los que cuentan con los medios más adecuados y especializados para atender las necesidades de estos entornos, puesto que ya vienen actuando en ellos desde hace años y han demostrado su eficacia y buen hacer.
Red Canaria de Parques
Respecto al valor que tiene el acuerdo alcanzado por la Fecai, Melchior considera que "no se puede menospreciar su importancia, porque es un acuerdo tomado por todos los presidentes de las Islas en favor de ellas y por encima incluso de partidos políticos", y aprovechó para defender la creación de una Red Canaria de Parques Nacionales "que será el órgano de control de éstos y en el que tendrán también su espacio para la participación tanto el Gobierno de Canarias como el Estado".
Pese a todo, Ricardo Melchior ayer era optimista y mantenía que "el trámite exige que las competencias pasen del Estado al Gobierno de Canarias, pero seguiremos trabajando para que éste a su vez las traspase a los cabildos".
Sin embargo, los planes del Gobierno canario son bien diferentes, puesto que el propio Fernando Ríos confirmó ayer que "una vez que se produzca las transferencia de los cuatro parques nacionales que actualmente existen en el Archipiélago, se redactará una ley que se llevará al Parlamento y que recogerá que estos espacios y su gestión estará adscrita a la Consejería de Medio Ambiente".
Una sentencia, muchos matices
Es curioso que desde la Federación Canaria de Islas (Fecai) se apunte a la posibilidad de llevar al Gobierno de Canarias ante el Tribunal Constitucional si no traspasa a los cabildos las competencias para gestionar los cuatro parques nacionales del Archipiélago (una vez que se las haya transferido el Estado), porque precisamente en una sentencia del citado tribunal se basa el Ejecutivo para asegurar que es él quien debe haberse cargo de estos espacios. En concreto, el fallo dictado en noviembre de 2004 lo que hace es reconocer a las comunidades autónomas como gestoras en exclusiva de lo parques nacionales, aunque garantizando la participación del Estado a través de la red de Parques Nacionales, del Consejo de Parques Nacionales y de los Patronatos, así como detallando que será el Ejecutivo central el responsable de aprobar el Plan Director de la Red de Parques Nacionales. Sin embargo, los cabildos se acogen a esa misma sentencia aludiendo a que, si son ellos los que tienen las competencias en materia de ordenación territorial y del resto de espacios naturales, deben ser ellos los que tengan la gestión directa, sin que eso evite la participación indirecta de la comunidad autónoma.
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