El PP recurre los Presupuestos por basarse en previsiones falsas

EFE, Madrid

El Grupo Popular parlamentario presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales de 2009 por estar basados en previsiones macroeconómicas "desfasadas y falsas", por no incluir la totalidad de los gastos del Estado y por vulnerar derechos sociales de los funcionarios.

En declaraciones a los medios tras registrar el recurso en el Tribunal Constitucional (TC), la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que es la primera vez que en España se recurren unos presupuestos por estar hechos "en fraude" y basados en unas estimaciones "desfasadas" como, dijo, reconoció el propio ministro de Economía, Pedro Solbes.

En concreto, el Grupo Popular recurrió 17 preceptos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009, así como los capítulos económicos de la norma y los anexos vinculados a estos.

Sáenz de Santamaría señaló que la Constitución prevé que cada año el Gobierno elabore los presupuestos, pero no que estén basados en estimaciones "falsas".

Añadió que consideran que las cuentas de 2009 son "fraudulentas" porque durante su tramitación el Gobierno aprobó reales decretos que contienen gastos que no se han reflejado en los presupuestos como, por ejemplo, los intereses o la deuda pública generados para poner en marcha el Plan E.

Sáenz señaló que decidieron recurrir los presupuestos por considerar que suponen una "alteración del régimen de pensiones, derechos pasivos e incompatibilidades de los funcionarios", lo que afecta especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este sentido, en el recurso se señala que la Ley de Presupuestos incluye disposiciones adicionales que modifican la Ley de Clases Pasivas con un recorte del importe de las pensiones de jubilación por incapacidad permanente para el servicio y el establecimiento de la incompatibilidad del cobro de una pensión con el desempeño de un puesto en el sector privado.

Afirmó que las cuentas tienen una vigencia anual y se limitan a asuntos relativos a ingresos y gastos del Estado, por lo que no puede contemplar medidas permanentes, a lo que añadió que el Gobierno pretendió eludir así debatir en las Cortes un "recorte social".