COLPISA, Madrid
Los familiares de las víctimas del accidente aéreo que en mayo de 2003 costó la vida a 62 militares en Turquía esperan que el juicio que hoy arranca en la Audiencia Nacional aclare la implicación del ex ministro de Defensa Federico Trillo en los errores de las identificaciones de 30 de los cadáveres. Una negligencia por la que tres mandos militares se sentarán en el banquillo y para los que la fiscalía pide hasta cinco años de cárcel por falsificación de documentos oficiales.
Pese al jarro de agua fría que supuso para los familiares la decisión del tribunal de rechazar el 6 de marzo la comparecencia de Trillo en calidad de testigo, la acusación particular no tira la toalla y ayer reiteró su "esperanza" en que el juicio esclarezca si fue Trillo quien dio la orden para no mandar a ningún forense a Turquía con la intención de finiquitar cuanto antes las labores de rescate.
"No hubo identificaciones, nuestros militares no tuvieron un solo forense, Trillo no les mandó un solo forense y, como toda España, sabían que 30 cadáveres no se identifican en una noche sin un solo forense", leyó en un comunicado el presidente de la asociación de familiares, Miguel Ángel Sencianes.
Para ello confían en que los testimonios de los tres procesados, los 22 testigos y los 13 peritos que declararán ante el juez Javier Gómez Bermúdez hasta el 3 de abril permitan dilucidar "la verdad" sobre lo ocurrido e impliquen finalmente la presencia en la vista de Trillo.
"Auténtico calvario"
Los representantes de esta asociación de víctimas, que defiende a los familiares de 46 fallecidos, subrayaron que han sufrido "un auténtico calvario" durante la investigación judicial sobre las identificaciones, que fue cerrada dos veces por el instructor del caso, el magistrado Fernando Grande Marlaska, y reabierta otras tantas veces por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Aunque algunos "hagan ruido para tapar el escándalo, a 62 muertos no se les puede callar", remarcaron.
En el banquillo se sentarán tres mandos militares: el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez.
Para todos ellos la Fiscalía solicita penas de cárcel de cinco años y dos de las cuatro acusaciones particulares lo elevan a uno más por un delito continuado de falsedad documental. Hoy el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, procederá a interrogar a los acusados.
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