Los padres deberán conocer la evolución académica de sus hijos

LA NUEVA NORMATIVA RECOGE los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa./ el día

M. GÓMEZ, S/C de Tenerife

El decreto que regulará la convivencia en los centros educativos de Canarias incluirá como un deber de las familias el "conocer la evolución académica de sus hijos o pupilos". Ésta es una de las novedades que presenta la nueva normativa que, aún en fase de borrador, elabora el Gobierno regional, y que, por primera vez, recoge los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa -profesorado, personal de administración y servicios y familias-, y no sólo de los alumnos.

La confección del documento ha estado coordinada por el comisionado del Observatorio para la Convivencia Escolar, Manuel Ávila, y se ha basado en la consulta a cien centros del Archipiélago, que han aportado una "lluvia de ideas", así como a miembros del cuerpo de inspectores y a asociaciones de padres. En este momento se están recogiendo las sugerencias de diferentes colectivos, de forma que el texto definitivo podría estar concluido durante la próxima semana.

El deber de seguir los progresos de los hijos se incorpora explícitamente al borrador de decreto como una fórmula para implicar a la familia como "corresponsable" en el proceso educativo y transmitir que éste "no debe dejarse únicamente en manos del centro".

"Los padres tienen derecho a exigir una evaluación objetiva para sus hijos, pero también el deber de interesarse por sus resultados, algo que, al ser percibido por el alumnado, mejora su implicación", detalla el comisionado.

El documento señala, asimismo, que a las familias se les podrá exigir el "deber de compromiso", y, en caso de que rechacen la solicitud del centro para su implicación en la adopción de "medidas necesarias en situaciones graves para su proceso educativo o ante conflictos de convivencia provocados por sus hijos, se podrá poner en conocimiento de la Inspección de Educación (...) para que se adopten las medidas adecuadas por quien corresponda, que permitan garantizar los derechos y deberes del alumnado". Además, si la conducta reviste especial gravedad, la Administración educativa "lo pondrá en conocimiento de las instituciones o autoridades públicas pertinentes".

Entre los derechos de las familias, el decreto contempla los de participar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, a ser oídas en las decisiones que afecten a sus hijos y a participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro.

Respecto al profesorado, entre sus derechos se incluye, por primera vez, el de ser considerado autoridad pública, en consonancia con las instrucciones de la Fiscalía que han llevado a que los últimos casos de agresiones a docentes sean tramitidos en los juzgados por la vía penal. En este sentido, el documento reconoce el derecho de los enseñantes a "la defensa jurídica y protección de la Administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional, como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos docentes".

Por lo que se refiere a los deberes, el borrador establece, entre otros, los de adquirir formación relacionada con la mejora de la convivencia, "sigilo profesional" sobre las circunstancias personales y familiares de los estudiantes o fomentar "el uso adecuado de las nuevas tecnologías".

En la actualización del catálogo de derechos y deberes del alumnado se han añadido, según Manuel Ávila, "algunos aspectos que provienen de otras normativas", como la Ley del Menor, caso del derecho a la protección social. Asimismo, incluye el "derecho a la discrepancia" o a participar en la vida del centro. Los deberes de los estudiantes son los de estudio y asistencia; respeto al profesorado, a los demás y a las normas de convivencia, y colaborar en la obtención de información por parte del centro.

El borrador avanza una serie de medidas de apoyo a los centros, entre los que figura la elaboración de sus planes de convivencia y la "promoción" de la figura del Defensor del Alumnado, que pasará a ser propuesto por el Observatorio de la Convivencia.