M.CH., Los Llanos
El director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, Pedro Tomás Pino, asegura que la Consejería de Empleo no conoce el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el que se califica como "fraude de ley" la contratación de dos personas discapacitadas para realizar labores de atención telefónica para este organismo como autónomas, mediante centralitas remotas en La Palma. "Si existe -aseguró- no se ha comunicado y no hemos podido ejercer nuestra defensa".
Sin embargo, el documento, al que tuvo acceso EL DÍA, aclara la visita realizada el 18 de febrero a las dependencias del SCE para confirmar la supuesta ilegalidad, dejando constancia del hecho en el libro de visitas del organismo.
Para Pino Pérez, "es una burrada lo que ha denunciado el Comité de Empresa del SCE, marcado por luchas sindicales. Lo que se ha activado es un programa piloto temporal en La Palma". Así, añadió, "aquí no se ha elegido a nadie a dedo, sino que se habló con asociaciones de discapacitados en busca de un perfil determinado y ellos plantearon las posibilidades adecuadas".
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