QUIERO referirme mediante el encabezamiento de hoy al "conjunto de personas encargadas por una corporación o autoridad para entender de algún asunto". Así, el Congreso, el Senado, los Parlamentos de las Comunidades, los alcaldes, etc., pueden constituir comisiones, generalmente para investigar asuntos que requieran la implicación de las diversas fuerzas políticas de forma sosegada y especializada. Todavía, que yo sepa, no se ha constituido por nuestro Parlamento canario la que habría de conocer, en toda su extensión, qué motivó el que no se pudiera detectar y asistir con tiempo suficiente a la patera que llegó a la costa de Lanzarote y ocasionó la muerte de 25 de sus ocupantes. También es verdad que la petición que hacía en esta columna el 21 de febrero pasado respecto del SIVE pudiera entenderse utópica. Ello, fundamentalmente, en razón a los resultados que nos han deparado la mayoría de las comisiones de investigación que hemos conocido a lo largo de estos años que venimos en llamar democráticos.
Una comisión de investigación de las de mayor notoriedad, por lo que supuso de tragedia para España el hecho que forzó su constitución, fue la del 11-M. No sé si por sorteo, por ofrecimiento, o por petición, le tocó presidirla a nuestro entonces diputado, hoy presidente del Ejecutivo canario, don Paulino Rivero. ¿Qué sacó la sociedad española de aquella comisión? nada. Bueno, algo sí alcanzó a conocer: que el perjurio no es actitud delictiva en nuestro país.
Otra comisión que ejerce como autoridad, supongo que delegada del responsable de Economía y Hacienda, en la Bolsa es la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). ¿O depende de la voluntad política del Congreso? ¿O depende del presidente del Gobierno? Dependa de quien dependa, ¿cumple la función de vigilar y reprimir actos inadecuados en ese mercado de valores? Uno, desde la utopía, quisiera creer que sí. Pero, con los pies en el suelo, me parece que no. Hay millones de pequeños accionistas que han utilizado la Bolsa como medio de ahorro por vía de dividendos de las empresas en que depositaban esa confianza; coadyuvando a capitalizar a esas empresas para su desarrollo. Ciertamente, "un grano no hace granero, pero ayuda al compañero".
De un tiempo a esta parte los pequeños accionistas carecen de protección alguna que debiera otorgarles la CNMV. Tal parece que la dicha comisión está al servicio de los grandes capitales, de los tiburones. ¿Es posible que la CNMV no tenga competencia y capacidad de actuación para evitar que los "headges funds" hundan el valor en Bolsa de una empresa? ¿Es posible que la CNMV no tenga reglas estrictas y criterios consolidados? Cuando la industria privada alemana Eon presentó la OPA (Oferta Pública de Adquisición) sobre Endesa, le pusieron múltiples requisitos para dificultar o imposibilitar dicha oferta; uno de ellos fue que tenía que hacerse con el 100% de las acciones. Si no alcanzaba ese requisito la OPA no podía ejecutarse. ¿Se le exigieron los mismos requisitos a Enel? ¡Que va! Es más, el Sr. Zapatero le ofreció nuestra empresa líder en producción eléctrica al Sr. Prodi, al Gobierno italiano. ¿Se le exigió a Enel optar al 100% de las acciones? Tal parece que no. Tal parece que el requisito de adquisición posterior, al precio de la OPA, sólo había de ser efectivo a uno de los tiburones de este negocio: Entrecanales. Y ahí quedan, al pairo, los más de doscientos mil pequeños accionistas de Endesa; por decisión de la susodicha Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Carencia de vergüenza, si no algo más?
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