Casi 500 casetas ilegales en la costa

L. GARRIDO, S/C de La Palma

Las intervenciones de la Dirección General de Costas en el litoral palmero no han hecho más que empezar. En total, de las 483 construcciones ilegales que esta institución ha detectado desde 2006 hasta el momento en toda la Isla, sólo se ha efectuado la orden de derribo en 122 edificaciones. Muchos han sido los intentos desesperados de los vecinos por paralizar las actuaciones de Costas, que pretende recuperar como dominio público marítimo-terrestre los terrenos que un día fueron ocupados para uso privado.

En algunos casos, las quejas y documentos presentados sólo han servido para retrasar lo inevitable, mientras que en otros muchos son los que albergan la esperanza de que, declarando un determinado entorno como Bien de Interés Cultural (BIC), sus construcciones se salven de las palas.

Desde que en julio de 2006 el Ministerio de Medio Ambiente publicara el aviso de demolición de unas 50 chabolas en la playa de Los Guirres, en Tazacorte, las notificaciones han llegado a propietarios de casi todos los municipios palmeros. Según las publicaciones del Boletín Oficial de la Provincia (BOP), son 483 las edificaciones ilegales cuantificadas que han recibido esta advertencia, si bien es cierto que ésta es sólo una cifra oficial que se ve ampliamente superada por la totalidad de construcciones que se encuentran en terreno costero público. A nadie se le escapa que existen varios asentamientos concentrados, además de puntos aislados, que aún no se han visto afectados por esta nueva ley.

En La Palma existen dos tipos de ocupaciones bien diferenciados. En la parte sur es donde se registra la mayoría de los núcleos de casetas mientras que en el norte la orografía es tan escarpada que en nada se parece a lo que se conoce como asentamiento, sino que se trata más bien de refugios pesqueros tradicionales.

Como rasgos comunes, la mayoría de estas casetas son segundas residencias de personas que pasan la temporada estival en un entorno próximo al mar. También abundan las chozas o cuevas que no experimentan un uso residencial, sino que más bien actúan como cuartos de aperos agrícolas o son utilizadas por pescadores para la actividad del marisqueo, sin suponer ninguna explotación especulativa.

Tazacorte.- En total, son cuatro los municipios costeros a los que aún no se ha remitido ningún aviso: San Andrés y Sauces, Barlovento, Breña Alta y Breña Baja. Son la cara opuesta del caso de Tazacorte, el más afectado por la reciente legislación aprobada. En dos de sus playas, La Bombilla y Los Guirres, se contabilizaban 153 casetas, de las cuales 50 ya han desaparecido. Aquí se localiza también uno de los puntos de mayor controversia, pues unas 30 familias tenían en La Bombilla su única residencia, según un informe elaborado entre los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

Los Llanos.- Algo similar sucede en la playa de El Remo, en Los Llanos de Aridane, donde el ayuntamiento intenta salvar unas 47 construcciones. Según sus planes, este enclave costero tenía la denominación de suelo urbano antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. En este sentido, se ha aprobado inicialmente un Plan del Espacio que permitirá estas licencias urbanísticas, además de construir viviendas sociales para reubicar a quienes se queden sin un refugio al llevar a cabo la normativa.

Fuencaliente .- Costas ha derribado 64 de las 140 construcciones contabilizadas, la mayoría en la playa de La Zamora. El resto de las casetas siguen en pie, pues sus propietarios no autorizaron el derribo en un primer momento. Tras la respuesta en contra de sus deseos que obtuvieron por parte de los juzgados, los vecinos, constituidos dentro de la Asociación Salvar las Casetas, pidieron incluso declarar la zona como BIC y, con su lucha, impiden que se reanuden los trabajos hasta que no se pronuncie el TSJC.

Puntallana.- En el norte, en Puntallana, la maquinaria de Costas ejecutó la orden de demolición en 8 casetas de Puerto Trigo, comprometiéndose esta institución con el propio ayuntamiento a mejorar el litoral. Otras 5 construcciones más, en Martín Luis, serán derribadas el próximo 26 de marzo. Quedan pendientes, pues, otras 7 cuevas en Puerto Paja.

El norte de la Isla.- En el Puerto de Puntagorda se han localizado alrededor de 66 construcciones que en diciembre de 2008 recibieron la notificación ministerial, una situación que se repitió en el Porís de Candelaria, en Tijarafe, donde Costas contó hasta 22 casetas ilegales. Esa misma fecha, el BOP publicó el listado correspondiente a otras 22 viviendas en la Playa del Río, situada en el borde entre dos municipios, Mazo y Fuencaliente.

En el caso de Garafía, unos almacenes municipales situados en La Fajana también fueron advertidos, aunque el ayuntamiento solicitó a Costas la paralización de la resolución que había dictado. Este enclave será rehabilitado como BIC para conservarlo ya que tradicionalmente se utilizaba para guardar los veleros que llegaban y salían del municipio, así como las mercancías que transportaban.

El caso de la capital.- Dentro de la geografía palmera, la capital de la Isla tampoco se libra de incumplir la Ley de Costas. El consistorio mantiene un contencioso para revocar una multa de 1.430 euros por instalar en zona de dominio público una caseta de bloques con techo de uralita, concretamente en los aparcamientos ubicados en los terrenos ganados al mar frente a la avenida de El Puente. Esta construcción actúa como cerramiento de un cuadro eléctrico que, con la pertinente autorización del ministerio, impulsaba el bombeo de la red de saneamiento de la ciudad.

Desde el ayuntamiento no entienden esta decisión, que fue comunicada en noviembre de 2008, puesto que, según el nuevo proyecto de la futura playa capitalina, todo ese espacio quedará remodelado.

"Sería absurdo tirar ese dinero público sabiendo que esta zona quedará totalmente cambiada este mismo año", dice el alcalde de la capital palmera, Juan Ramón Felipe. Y parece razonable.