DEMASIADOS policías locales de esta Isla, así como sus jefes políticos, se olvidan de que la ley 50/1999 sobre animales potencialmente peligrosos, desarrollada por un real decreto que entró en vigor en 2002, es de obligada aplicación y cumplimiento. Después de más de siete años, muchos dueños de perros potencialmente peligrosos siguen incumpliéndola sistemáticamente con la complicidad o ignorancia necesaria de numerosos agentes. Para refrescar la memoria a algunos, quizá sea bueno recordar que hay que ser mayor de edad, carecer de antecedentes penales y disponer de capacidad física y psicológica para poseer perros de las razas pit bull, staffordshire, american staffordshire, rottweiler, dogo argentino, fila brasileño, tosa inu y akita inu, o cualquier can "de fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética y marcado carácter; perímetro torácico entre 60 y 80 cm, altura de cruz entre 50 y 70 cm y peso superior a 20 kilos; cabeza voluminosa, mandíbulas grandes y cuello ancho". Los dueños deben acreditar en todo momento que disponen de licencia y seguro de responsabilidad civil de 120.000 euros, y siempre deben pasear a su perro con bozal y atado con correa corta. Con bozal y atado, señores agentes. Lo contrario es una infracción grave castigada con multas de 300 a 2.400 euros.
A pesar de que la ley es clara, contundente y vieja, muy pocos agentes velan por su cumplimiento. La Orotava y el Puerto de la Cruz son sólo dos ejemplos de cómo perros potencialmente peligrosos pasean sueltos y sin bozal por calles, plazas, parques y playas sin que nadie intervenga. El pasotismo policial ha contribuido a la proliferación descontrolada de estos canes. ¿Cuándo piensan aplicar la ley 50/1999, cuando la sangre llegue al barranco?
*Redactor de EL DÍA
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