¿Cabeza de turco?

ESTA EXPRESIÓN tan conocida se remonta al medievo, cuando, durante tres siglos, los cristianos vivieron atemorizados por la amenaza militar del Imperio Otomano, más conocidos como turcos. Sus huestes, a menudo mercenarias, cometían toda clase de atrocidades por donde pasaban. De modo que cuando un cristiano lograba alancear a un enemigo, acto seguido le cortaba la cabeza para exponerla como escarmiento a los ojos de los demás, otorgándole la culpabilidad de todos los males, fueran o no ciertos. Como consecuencia de esto, la expresión "cabeza de turco" se atribuye hoy a la persona que sufre las consecuencias de acciones ajenas.

Dicho esto paso a comentar la publicación reciente de la ratificación de una vieja sentencia del Tribunal de Cuentas, que data de 2004, por la cual se condenaba al anterior recaudador ejecutivo de impuestos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a pagar una suma aproximada a los 70.000 euros, en concepto de perjuicios ocasionados a la corporación local por valor de unos 37.551 euros más los intereses de demora devengados que supusieron 29.000 euros.

Este hecho ha partido de la Inspección del Tribunal, que detectó una cuantiosa diferencia entre los ingresos por recaudación aprobados y las facturas ingresadas durante la legislatura de 1988 a 1992 aunque finalmente la sanción se limitó a algo más de 30.000 euros. La explicación de este desfase, por boca del afectado Enrique García Luís, corresponde a que en esa época se carecía de informática y los recibos tenían cuerpo físico, demorándose su ejecución muchas veces hasta el siguiente ejercicio anual. Como consecuencia, la partida del año siguiente se incrementaba en una cuantía que no le correspondía, puesto que pertenecía realmente al cobro del año anterior. Y esta es la razón por la que a la hora de las valoraciones el déficit de dicha anualidad se tenía que cuadrar con el superávit de la siguiente. Algo que al parecer no tuvo en cuenta el alto Tribunal a la hora de considerar estas diferencias y que inexplicablemente no fueron argumentadas por la defensa del afectado.

Otra cuestión muy importante, que ofrece razonables dudas, es el hecho de que todos los imputados, pertenecientes a la Corporación de dicha legislatura y que fueron los que aprobaron las cuentas, hayan resultado exentos de toda culpa al prescribir a los cuatro años del hecho. Sin embargo no se ha medido por igual rasero al perjudicado, que tuvo en su momento que pagar la cantidad citada anteriormente a la parte supuestamente afectada, la Corporación local. Una decisión, en justicia, que parece chirriar por cuanto los hechos no se han contrastado debidamente, al omitirse el resultado de las cuentas de la recaudación para regularizar algo tan sencillo como es el debe y el haber.

Es lógico que en un Estado de derecho se tenga que acatar una sentencia, aunque el afectado manifieste que se ha visto inmerso en una clara operación de acoso y derribo, por cuanto hoy forma parte como afiliado de un grupo político que se ha negado hasta ahora a conformar el gobierno de concentración propuesto por Miguel Zerolo. También es justo señalar que cuando se le rescindió el contrato argumentando la nueva Ley de las Grandes Ciudades, se le puso de patitas en la calle junto con sus 20 empleados y después de 30 años de servicio. Algo que generó un juicio que llevó al ayuntamiento a tener que readmitir a los 20 despedidos, no así al recaudador, ya en edad de jubilación, pero al que se le debe una indemnización cuya cuantía aproximada es de 100 millones más intereses de demora, pendiente aún de sentencia del TSJC.

Expuestos estos hechos, sólo añado el dato de la probada honorabilidad del afectado, que a lo largo de su vida laboral ejerció de recaudador en 40 corporaciones de esta provincia, sin tener ninguna queja de su actuación. Es más, cuenta en su haber con el título de Presidente de Honor, otorgado por la Federación Nacional de Recaudadores de Tributos.

Lo que comenzó un buen día por la denuncia de un aspirante frustrado contra la persona que obtuvo la responsabilidad de la Recaudación Voluntaria, Félix Marrero Montesdeoca, y se extendió luego a muchos miembros de la corporación, terminó finalmente en el imputado por alegar que el citado Marrero había sido empleado suyo. Creo que ha quedado bien claro a quién le ha tocado ser la involuntaria "cabeza de turco" de este embrollo. Vivir para ver.

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