TACHI IZQUIERDO, Tenerife
El abogado Felipe Campos ha manifestado su sorpresa por las últimas declaraciones de los responsables de las dos empresas concesionarias de la gestión del Parque Marítimo, pues indicó que "es de extrema gravedad que la cesión que se produjo en 2006 de la sociedad Santa Cruz Park, de Valentín Álvarez y Jorge Bethencourt, a Santa Cruz Park Tenerife, con Luis Gil al frente, se había hecho sin precio", por lo que, añadió, "la concesionaria no ejerció el derecho de elevar la renta y ahora reconocen, aunque de forma confusa, que sí hubo un precio".
3 millones de euros.- Campos, que encabeza una serie de acciones legales en contra de las actividades del espacio de ocio, indicó que de las declaraciones de los empresarios se deduce que "al menos se dieron 2 millones en efectivo y 1,2 millones de la liquidación de la deuda, un precio de 3 millones por el que la concesionaria tendría que estar muy preocupada".
15 años de actividades.- Declaró que "es preocupante que Valentín Álvarez haya reconocido que durante 15 años se hayan hecho actividades ilegales en el Parque Marítimo", pues, según el abogado, "sin ningún género de duda, en la concesión administrativa o el contrato de arrendamiento con la anterior sociedad y la actual, la renta se fijó para el uso de piscinas y el precio era en función del número de visitantes".
Además, señala que cuando el actual responsable de Santa Cruz Park Tenerife esgrime el argumento de poner en práctica un plan de viabilidad que está pendiente porque no tiene licencia, "ése es un compromiso, no una deuda", y añadió que si Luis Gil considera que "lo engañaron en el año 2006 y si cree que le vendieron un negocio con el que pensó que podía hacer más cosas de las que puede, lo tiene muy claro, y es recurrir a quienes le vendieron, pero lo que no puede hacer este empresario es amenazar a la Gerencia de Urbanismo".
Postura de Urbanismo .- En este sentido, el abogado recordó que la administración urbanística ya se ha pronunciado de forma "muy clara diciendo que la concesión administrativa del Parque Marítimo no comprende los eventos". Añadió que "si Gil tiene un problema, lo que tiene que hacer es resolver el contrato con Álvarez y reclamarle el dinero, además de pedir daños y perjuicios a quien quiera, pero no se puede presionar a Urbanismo para que los funcionarios hagan algo ilegal, como sería conceder una licencia para hacer algo que no se puede hacer".
Deudas de partidos.- Además, remarcó que la línea argumental de los empleados del parque, que han protagonizado varios días de protestas porque este mes no han cobrado, "es más el lenguaje de la empresa", pues "no se puede coaccionar a una administración para que dé una licencia". Comentó que la referencia a partidos políticos que "no pagan en el Parque Marítimo me parece intolerable y gravísimo", por lo que reclamó una investigación, ya que "puede tener una connotación penal que se diga que en 2009 no se pueden pagar los salarios porque en 2007 algunos políticos hacían sus actos electorales gratis".
Sin informes jurídicos.- Por último, aclaró que no existe ningún documento jurídico que avale que el objeto de la concesión administrativa en el Parque Marítimo comprenda los eventos. No obstante, indica que cuando se inicia el expediente de caducidad de la concesión, "el director del Puerto señaló, de manera unilateral, que el objeto de explotación lo determina el planeamiento urbanístico", algo que calificó de "opinión equivocada que tendrá que aclarar la Justicia".
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