AGENCIAS, Madrid/Oviedo
Los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea -este último impulsor de la querella a raíz de la cual se ha conocido el cobro por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de algo de más de 200.000 dólares durante su estancia académica en Estados Unidos- solicitan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la suspensión cautelar del magistrado mientras se tramita la investigación de los hechos por parte de este órgano.
Aseguran que la medida está justificada porque podría haber cometido tres faltas de carácter muy grave que no han prescrito.
En otro contexto, UGT-Asturias y la Fundación Asturias defendieron ayer la contratación de la conferencia que el juez pronunció en Avilés en septiembre de 2007 y que se efectuó a través de "una conocida agencia dentro de la más absoluta transparencia, con toda normalidad y observando la más rigurosa legalidad", al tiempo que argumentan que "la cuantía se encuentra dentro de los parámetros normales para los ponentes de su prestigio".
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