Madrid, Europa Press Las asociaciones de jueces retomarán esta semana los contactos con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con el Ministerio de Justicia con objeto de reanudar el diálogo sobre sus reivindicaciones e intentar evitar de este modo la celebración de una nueva jornada de huelga, anunciada en principio para el próximo 26 de junio.
Así, el martes los colectivos de magistrados mantendrán un encuentro con los vocales de la Comisión de Modernización del Consejo General del Poder Judicial mientras que el miércoles se reunirán por primera vez con el nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño. El objetivo es analizar las reivindicaciones que llevaron el 18 de febrero a un 35 por ciento de la carrera a secundar una histórica jornada de huelga.
A ambos encuentros asistirán tanto los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y de Jueces para la Democracia (JPD), que no respaldaron el paro, como los de los colectivos Francisco de Vitoria (FdV) y Foro Judicial Independiente (FJI), que sí secundaron la protesta.
El encuentro del miércoles será el primero en que el ministro y los representantes de las asociaciones entrarán en materia sobre el conflicto laboral que afecta a la judicatura e intercambiarán sus puntos de vista sobre las medidas encaminadas a la mejora y modernización de la Justicia que el Ministerio tiene en marcha.
La última vez que el órgano de gobierno de los jueces recibió a los representantes de la carrera judicial fue el pasado 2 de febrero, tan sólo un día después de que dos de las asociaciones, la Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), anunciasen que secundaban la huelga convocada en ese momento por una veintena de ciudades.
REIVINDICACIONES
Las protestas de los magistrados giran en torno a la necesidad de modernización de la Justicia con objeto de ofrecer a los ciudadanos un mejor servicio.
Así, las principales reivindicaciones incluyen la eliminación del traslado forzoso por ascenso y el control de la agenda de señalamientos de los juicios o vistas que la reforma procesal que se tramita en el Congreso atribuye a los secretarios judiciales.
Las asociaciones reclaman también la implantación de la nueva Oficina Judicial, medidas que mejoren la conciliación de la vida familiar y laboral y el aumento de número de jueces en todo el territorio nacional.
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